La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha ordenado que se investiguen ayudas que se concedieron con fondos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia por importe de 3.537.680,15 euros, en virtud de un “compromiso asumido” por las viceconsejerías de Empleo y Economía con fecha 26 de enero de 2010.

La magistrada, en un auto que tiene fecha del martes y que ha sido notificado este miércoles a las partes, ha requerido a la Junta de Andalucía para que remita el convenio de colaboración suscrito entre ambas consejerías y por las que se concedieron ayudas a empresas como Astilleros de Huelva –por importe de 952.404,89 euros- y a Astilleros de Sevilla los días 24 y 29 de julio de 2010, por otros 455.025,14 y 1.325.254,48 euros, respectivamente. Dice la juez que, en relación con estas ayudas, constan en las resoluciones emitidas por la Dirección General de Trabajo a la agencia IDEA para el pago de las mismas que “la encomienda de pago es con cargo a los fondos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, en virtud del “compromiso asumido” por ambas viceconsejería. Este acuerdo supuso, añade Alaya, una disposición de los fondos de ésta última consejería por importe de 3,5 millones, por lo que concluye que “la existencia de dicho compromiso, la realidad del acuerdo adoptado y las consecuencias derivadas del mismo, habrán de ser investigadas”, de ahí que en el auto requiera a la Junta para que remita el convenio de colaboración suscrito entre las Consejerías de Empleo y Economía.

En el mismo auto, la juez ha acordado ampliar la investigación a un total de 18 nuevas ayudas a otras tantas empresas, entre las que destacan las ya mencionadas de Astilleros de Huelva y Sevilla, así como las de Nueva Lima, que recibió 349.083,78 euros; Instalaciones Industriales y Navales de Huelva, que en tres meses recibió tres ayudas por un total de 354.995,64 euros; Delphi; Santana Motor; Nature Pack Minas de Río Tinto; Pickma; Boliden Apirsa, y Abantia Ticsa, que percibió una ayuda sociolaboral por importe de 450.000 euros.

Ésta última ayuda, señala la magistrada, fue concedida por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social pero con cargo a los fondos de la Consejería de Economía, lo que motivo que, a requerimiento del director de Administración y Finanzas de IDEA, el entonces director de Trabajo y también imputado en la causa, Daniel Alberto Rivera, emitiera una comunicación en la cual se exponía que el pago debía realizarse en ejecución del acuerdo de encomienda de 27 de abril de 2010, tratándose de un “compromiso asumido por las viceconsejerías” de Empleo y Economía de fecha 26 de enero de 2010.

Por último, la juez Alaya ha requerido igualmente a la Junta para que aporte los expedientes de las ayudas concedidas a otras cuatro empresas: Industrias Elizana, que recibió dos ayudas sociolaborales por importe de 1,1 millones; Virgen de la luz (Coviluz), que recibió 440.000 euros; la sociedad cooperativa andaluza industrial de Confección (Scoinc), que recibió 405.916,23 euros; y Grueso y García, una empresa ubicada en la Sierra Norte de Sevilla que percibió una ayuda directa de 50.000 euros.

La juez Mercedes Alaya ha citado a declarar como imputado el próximo 3 de julio a Juan Márquez Contreras, que sucedió en el cargo de director general de Trabajo y Seguridad Social a Francisco Javier Guerrero, principal implicado que permanece en prisión provisional desde marzo pasado.