Antes del estallido de los ERE, la Faffe, o mucho más extensamente la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo, era la niña bonita de la Consejería del ramo. Sus funciones eran amplias -formación, investigación, orientación, fomento del trabajo autónomo- y sus recursos potentes -1.423 efectivos a cierre de 2011, 52 directivos, un presupuesto de 101,6 millones y un salario medio de 36.078 euros brutos al año-. Era el gran ente instrumental del SAE, el ejecutor de las políticas activas de empleo de la Junta, el intermediador entre formadores y formados. Pero el escándalo estalló, la crisis arreció y la Junta, hoscamente invitada por Madrid (a su vez hoscamente invitada por Bruselas), anunció una reordenación del sector público que cobró forma con una ley aprobada en febrero de 2011. La Faffe se extinguiría y su plantilla pasaría a formar parte del SAE. La primera nómina de la nueva era llegaría en mayo de 2012. El problema es que los ex Faffe la cobraron sin saber exactamente cuál era su estatus laboral.

Las escaramuzas comenzaron cuando distintos sindicatos y asociaciones -SAF, CSIF, Al Andalus, Defiendo Mi Derecho- plantearon y ganaron sucesivas batallas judiciales ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que no sólo declaró que los alrededor de 23.000 empleados laborales de la Junta obtuvieron su plaza sin observarse los requisitos de capacidad, publicidad, igualdad y mérito, sino que también desmontó los protocolos de integración de numerosos entes en el marco de la anunciada reordenación administrativa. La Faffe era uno de ellos.

La dirección del SAE reaccionó rápido. El pasado 7 de febrero, menos de tres meses después del varapalo del TSJA, creaba mediante una resolución la figura del personal subrogado, fijando en apenas tres folios y nueve disposiciones su régimen jurídico. Las frases clave eran dos: "La subrogación (...) en ningún caso implica la integración de dicho personal subrogado dentro de la Administración de la Junta de Andalucía, ni que al mismo se le otorgue la condición de empleado público. Por consiguiente, los responsables de personal del SAE procederán a mantener un tratamiento autónomo y diferenciado al personal subrogado (instrucción 1)". "El personal subrogado se someterá a todos los efectos a lo previsto en la legislación laboral, incluido el II convenio colectivo de la extinta Faffe, hasta tanto se proceda a su renovación o sustitución. En ningún caso procederá la aplicación a dicho personal de la regulación contemplada en el Estatuto Básico del Empleado Público (instrucción 4)".

La realidad desmiente esas previsiones. A los subrogados se les ha aplicado la misma o mayor austeridad salarial que al resto de empleados públicos de la Junta. En mayo de 2010 se les redujo un 5% el sueldo. En junio de este año se aprobó una rebaja adicional del 10% de la nómina y de la jornada laboral. Se eliminó la paga de Navidad. Las cuantías de los trienios cayeron más del 50%. Además, el II convenio colectivo caducó en 2009. Con la anterior normativa laboral, la prórroga era indefinida (la reforma de este año deja la ultractividad en uno desde que entró en vigor la ley), así que los subrogados viven de hecho en un intrincado limbo: la Junta les aparta del estatuto del empleado público aplicándoles a la vez sus tijeretazos y el sindicato mayoritario en la ex Faffe (UGT) bloquea la renovación del convenio colectivo y las elecciones al comité de empresa.

"Somos el conejillo de indias al que están aplicando todos los recortes", coinciden varios trabajadores de la ex Faffe que piden el anonimato. "Y lo peor es que se trata del momento más necesario para que las políticas de empleo funcionen. Estamos desaprovechados". Antes de la integración, los técnicos de la Fundación gestionaban las inmensas líneas de formación dispuestas por la Junta para parados de todos los perfiles (menores de 25 años, mujeres con dificultades de inserción, mayores de 55, etcétera). Actuaban de intermediarios, seleccionando a las entidades formadoras y al profesorado, y aprovechaban sus aulas para ubicar a algunos cursillistas.

Formación y orientación, las políticas más difíciles de gestionar, eran los grandes activos del organismo. Pero ahí también ha movido ficha la Junta. Antes del 1 de enero de 2013, las competencias formativas pasarán de la Consejería de Economía y Empleo a la de Educación. La negociación está en marcha, y las preguntas en el aire: ¿Es una buena idea endosar la pata más compleja de Empleo a un departamento sin experiencia al respecto? ¿Supondrá ese trasvase una inyección de personal a Educación vía ex Faffe? ¿Prolongará en tal caso la consejería de acogida el limbo laboral del colectivo subrogado?

Distintas fuentes de la antigua Fundación admiten que la plantilla, 1.187 personas tras los ajustes derivados de la reagrupación del sector público, quizás estaba sobredimensionada. Niegan, sin embargo, la mayor: "Aquí no ha habido enchufismo político. Accedimos a nuestros puestos a través de los correspondientes procesos de selección". Y aclaran que al poder adquisitivo perdido en la era del sufrimiento se suman situaciones especialmente gravosas dada la naturaleza de sus funciones. "Muchos de los empleados están en fraude de ley y van enlazando contratos de obra y servicio [que deben convertirse en indefinidos, entre otros motivos, cuando transcurran tres años de vínculo, según la ley]". El propio SAE ha sido amonestado por la justicia (sentencia de 17 de enero del Juzgado de lo Social de Córdoba, por ejemplo) en casos similares y con relación a profesionales de otras divisiones de su organización.

La maleta de este colectivo va bien cargada: subrogados (en el limbo), bajo sospecha (de enchufismo) y vaciados de funciones (la formación), pero con el cinturón tan apretado como el resto.

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