La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha cifrado en 543 millones de euros el ahorro en el gasto no vinculado a la prestación de servicios públicos fundamentales en Andalucía desde el inicio de la crisis. Aguayo ha ofrecido este dato durante su comparecencia parlamentaria, en la que ha informado de las citadas medidas, a petición del grupo socialista.

En el periodo 2008-2013, los gastos de arrendamientos se habrán reducido en un 30% y los de mantenimiento y conservación un 37,1%. En otras partidas, el descenso será aún más acusado, como en los gastos de edición de publicaciones, que bajarán un 64,5%; atención protocolaria y representativa, un 84,7%; estudios y trabajos técnicos, un 59,8%; material de oficina, un 58,8%; reuniones, conferencias y cursos, un 73,1%; y los gastos correspondientes a dietas y gastos de locomoción, un 54,9%.

En su comparecencia, la consejera ha destacado otras medidas de contención, como la rebaja de los sueldos, que en el caso del presidente de la Junta de Andalucía ha sido del 25% a lo largo del citado periodo. Además, ha aludido al acuerdo para desarrollar medidas en materia de racionalización y eficiencia en el gasto público, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 24 de julio, y que prevé, entre otras acciones, la reducción de gastos derivados de contratos de arrendamiento de inmuebles suscritos por las consejerías, entes instrumentales y consorcios de la Administración de la Junta. "Para ello se procederá al análisis y revisión, en su caso, de todos los contratos de arrendamiento, con el objetivo de rebajar en un 25% la cuantía total destinada a estas operaciones", ha recordado.

Otras de las medidas incluidas en el acuerdo es la limitación en la asignación de vehículos oficiales al servicio de altos cargos de la Administración autonómica, que sólo se autorizará a las personas titulares de la Presidencia, las consejerías, las viceconsejerías, las delegaciones del Gobierno de la Junta y asimilados. Ha destacado también el esfuerzo de contención del gasto que supone el "adelgazamiento" realizado en el sector público y entes instrumentales. Aguayo ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz defiende la austeridad, pero sin que implique reducir los recursos destinados a la prestación de los servicios públicos y al fomento de la actividad. "Nuestra buena gestión en materia de ahorro ha permitido que en Andalucía hayamos podido realizar un esfuerzo presupuestario sin precedentes, sin privatizar servicios, manteniendo el mayor volumen de empleo posible y sosteniendo la red de servicios públicos", ha asegurado.

El parlamentario del PSOE José Caballos ha advertido de que su grupo seguirá planteando debates de este tipo "en sede parlamentaria" para "desmontar tanta propaganda banal y falsa" que se vierte contra el sector público. En este sentido, ha subrayado que el 85% de los trabajadores de las empresas públicas, a los que se "denigra", están dedicados a tareas relacionadas con los servicios fundamentales y son "tan dignos" como los de los entes instrumentales que dependen, por ejemplo, de los ayuntamientos de Málaga, Almería, Huelva o Cádiz. "Por qué van a ser los de la Junta los enchufados, por qué siempre se ve la viga en el ojo ajeno", se ha preguntado.