Andalucía soporta peor la crisis económica que otras regiones. Según un estudio del Consejo Económico y Social (CES), que analiza diversos factores económicos desde 2008 a 2012, la comunidad se encuentra en el grupo de las economías más deterioradas. El informe toma como base la evolución del PIB real, la ocupación y la tasa de paro, y concluye que las comunidades más afectadas por la crisis son Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Asturias, Murcia, Andalucía y Extremadura. En el lado opuesto, con un mejor comportamiento aunque también con balance negativo, están Canarias, Navarra, Madrid, País Vasco, Castilla y León y Baleares.

La explicación que ofrece este organismo es conocida, aunque lo novedoso es la longitud del informe, que acapara los cinco años cerrados de la crisis. La culpa del impacto sobre el consumo y la inversión se encuentra en la corrección de los desequilibrios acumulados durante la fase de crecimiento -fundamentalmente el peso adquirido por la actividad inmobiliaria, medido en términos de sobreoferta de vivienda nueva, y el nivel de endeudamiento privado-, y otros surgidos de la propia crisis, entre los que destaca el aumento del paro y los niveles de déficit y deuda públicos alcanzados (y relacionado con esto, las políticas de ajuste para cumplir el déficit).

Este cóctel determina el comportamiento de las regiones y Andalucía sale mal parada. Primero, porque su especialización se basa en sectores de bajo valor añadido y, en consecuencia, baja productividad, como son el sector primario, la construcción y determinados servicios. En el caso concreto de la construcción, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia fueron las más perjudicadas. Andalucía perdió cinco puntos en términos de VAB (Valor Añadido Bruto), de 14,4 en 2008 a 9,0 en 2012, y siete puntos en ocupación (la participación de la construcción en el empleo pasó de un 13,5 a un 5,9).

Otras regiones menos afectadas cuentan con actividades de elevado valor añadido y productividad, como es el caso de la industria en Navarra y el País Vasco, o de los servicios avanzados en Madrid en ámbitos como el sistema financiero y la actividad administrativa asociada a la capitalidad.

También las actividades relacionadas con el turismo constituyen un importante factor de desarrollo en los archipiélagos canario y balear.

En cambio, el estudio llama la atención sobre la relevancia que como factor de desarrollo económico tuvieron en las últimas décadas los servicios de no mercado (las actividades realizadas por las administraciones) en regiones como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, con un claro reflejo en la estructura del empleo. Por ello, el fuerte ajuste en el sector público y, muy especialmente en 2012 por los planes de reequilibrio, está teniendo consecuencias muy negativas. Esta redacción publicó la pasada semana que la Junta ha prescindido de 16.000 empleados públicos, y los ayuntamientos otros 15.000, según datos del Ministerio de Administraciones Públicas a 1 de enero.

Así las cosas, Andalucía, que recortó la diferencia en términos de PIB per cápita con las demás regiones gracias al boom inmobiliario, ve de nuevo cómo se aumenta la brecha y se aleja la convergencia. El CES subraya que Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Andalucía acusan en mayor medida el desplome de la actividad y del empleo, lo que ha conducido a un incremento de las desigualdades en tasas de ocupación y, en consecuencia, a un nuevo aumento de las disparidades regionales en renta per cápita.

Joaquín Aurioles, profesor de Economía de la Universidad de Málaga, completa este diagnóstico. Para Aurioles, el verdadero hecho diferencial andaluz es la intensidad del proceso de destrucción de empleo, superior incluso a otras regiones con igual comportamiento de PIB. "La economía andaluza se acomodó a la coyuntura olvidando que las estructuras sobre las que descansaba no eran lo suficientemente sólidas. Andalucía adoptó la estrategia de la cigarra durante los años de bonanza", subraya. Aurioles aporta que el sector privado es débil y, por lo tanto, depende en exceso del sector público. "La suspensión de pagos en la que, en la práctica, se encuentra la Junta explica buena parte del impacto diferencial de la crisis", anota.

Por su parte, Gumersindo Ruiz, catedrático de Economía de la Universidad de Málaga, considera que la capacidad de acción de un gobierno autonómico es limitada. Ruiz sí que comparte que la caída de la construcción ha sido el factor principal. "La caída en España del 12,1% al 6,6% es brutal, porque esas personas van directamente al paro. Y el efecto en Andalucía es todavía mayor, de 13,5% al 5,9%".

Ruiz considera que se ha dado mucha importancia a la ineficiencia del gasto público o el papel de los funcionarios, "pero el crecimiento de la Administración es también consecuencia de la burbuja inmobiliaria que creaba recursos financieros tanto para el sector privado como para el público (más recaudación), permitiendo su crecimiento sin déficit". Para Ruiz es necesaria la reforma de la Administración, "pero quizá recortando personal administrativo en la Administración Local y Autonómica, y aumentarlo en profesores y personal sanitario".