España tiene otro grave problema por resolver. Quizás no copa tantos titulares como el desempleo, la corrupción, el futuro de las pensiones o el Estado del Bienestar, pero es crucial para su futuro como destino fiable para invertir. Se suele abreviar bajo la expresión reforma energética, una hidra de múltiples cabezas que sale de un tronco común, el déficit de tarifa. El monstruo ya tiene un tamaño de 25.000 millones de euros y no para de crecer año a año.

Su origen radica en el Gobierno de José María Aznar, que ideó un mecanismo para contener la subida de los precios de la electricidad en plena ola privatizadora y evitar que la inflación se desbocara en vísperas de la implantación del euro. En la práctica, el Gobierno creó un precio regulado de la electricidad por debajo del coste de producción de la energía. La diferencia entre la tarifa cobrada al consumidor y el precio de generación se convirtió en deuda a 15 años reconocida a las eléctricas, que se iría incorporando progresivamente a la factura del consumidor. En los años de crecimiento económico, la cifra se mantuvo en un monto manejable, pero dos circunstancias cambiaron el panorama.

El primero de ellos es la apuesta por las renovables del Gobierno de Zapatero, que incluyó las subvenciones dentro de los costes regulados de la factura eléctrica, y acordó que las plantas verdes tuvieran prioridad a la hora de entrar en el mix eléctrico sobre el resto de tecnologías convencionales. En paralelo, se desarrolló un sector que prácticamente estaba en pañales, colocando a España quizás por primera vez en su historia en la vanguardia tecnológica mundial.

El segundo factor es la crisis económica, que ha desencadenado una contracción de la demanda inédita. Esta situación ha sorprendido a España con un parque de generación sobredimensionado, al que se han incorporado en los peores momentos de la recesión un gran número de plantas renovables, lo que ha provocado a su vez un incremento del déficit de tarifa y un hundimiento de la producción de las tecnologías convencionales.

La solución pasa por una reforma integral de todo el sistema eléctrico, algo que podría llegar con la Ley de Reforma del Sector Eléctrico, actualmente en tramitación parlamentaria y que podría aprobarse a finales de año.

Hasta el momento, sólo se han adoptado una serie de parches en forma de reales decretos para contener el crecimiento de la hidra. Además de la moratoria al desarrollo de nuevas instalaciones, entre las primeras medidas parciales adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy se encuentra la imposición a los productores de energía de un impuesto del 7% sobre los ingresos. A ella se añade otra decisión orientada específicamente a la termosolar como la exclusión del régimen de primas de la energía producida con gas natural.

Los cambios regulatorios han llevado a varios promotores a plantear acciones legales contra el Gobierno. Entre ellas se encuentra Abengoa, que se juega en España una inversión de 1.500 millones de euros en el campo de la termosolar. La multinacional presidida por Felipe Benjumea ha activado dos frentes: por un lado, presentó el pasado mes de junio una demanda en los juzgados de Sevilla contra el Ejecutivo español por la planta Helios 1, en Ciudad Real. Sin embargo, la demanda fue rechazada al entender el magistrado que antes debía agotar los cauces administrativos, decisión que ha sido recurrida a la Audiencia de Sevilla, según desveló la compañía la semana pasada al regulador de la bolsa de Nueva York en el folleto de su debut en el índice Nasdaq.

El otro frente es el del arbitraje internacional, aprovechando que las plantas Helioenergy 1 y 2, Solaben 2 y 3 y Solacor 1 y 2 son titularidad de una filial luxemburguesa. Abengoa alega que los cambios regulatorios constituyen "una expropiación" de sus "legítimas" expectativas de negocio y reclama una compensación. Según la compañía, el proceso se llevará a cabo en La Haya de acuerdo con las normas del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo ante un panel de tres árbitros, de los que ya han sido nombrado dos.

El arbitraje internacional sólo está abierto a inversores extranjeros en España, según indica Luis Castro, socio responsable del Área de Energía y Servicios Públicos del despacho de abogados Osborne Clarke. "Sus fallos son vinculantes en la medida que España suscribió la Carta de la Energía, un tratado internacional que se firmó en origen pensando más en la protección de los intereses españoles en el extranjero", señala Luis Castro, que agrega que se trata de un proceso complejo que se puede prolongar por hasta cuatro años.

Abengoa no es la única que ha llevado a España ante una corte internacional. En la actualidad, ya existe una demanda de arbitraje internacional contra España por los recortes a la termosolar presentada por 14 fondos de inversión, entre los que figuran Rreef (Deutsche Bank) -copropietario de la planta de Arenales, Morón de la Frontera-, Eiser, Antin o Infrared. Además, los equipos jurídicos de la compañía alemana RWE están estudiando la posibilidad de sumarse a las reclamaciones, según indicaron a Europa Press fuentes de la compañía. Desde 2011, RWE opera a través de su filial de renovables RWE Innogy la central termosolar granadina de Andasol 3, de 50 megavatios (MW) de capacidad. En el complejo Andasol participan junto a RWE otras empresas alemanas, como Stadtwerke München (SWM), RheinEnergie, Ferrostaal y Solar Millennium. Además, compañías japonesas como Mitsubishi, Itochu o Mitsui, que han establecido alianzas con Acciona, Abengoa o FCC, observan con preocupación la inseguridad jurídica provocada por los recortes de retribución.

Los operadores están a la espera de un borrador definitivo de la Ley del Sector Eléctrico para pronunciarse. Mientras tanto, la tensión es máxima, como demuestran la guerra de cifras lanzadas desde lobbies, patronales, empresas o partidos políticos. Y aunque sea paradójico, tensión es lo que menos necesita el sector energético de cualquier país, máxime si está en una profunda crisis.