El ex interventor delegado en la Consejería de Empleo Juan Luque Alfonso ha prestado declaración este miércoles ante la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos y le ha imputado por prevaricación y malversación, aunque no ha decretado medidas cautelares.

Durante la comparecencia del imputado, que ya declaró como testigo en julio de 2012 ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la juez Mercedes Alaya ha llegado a recriminarle que responda "con evasivas" a las preguntas formuladas. Luque, que ha declarado de manera ininterrumpida durante más de tres horas, ya dijo en su declaración como testigo que en el caso ERE "ha existido un menoscabo muy grave para los fondos públicos" y que, por este motivo, "se debió hacer algo al respecto".

Abogados personados en la causa han informado a los periodistas de que Luque ha declarado que, de haber conocido el informe del 2003 del interventor general de la Junta, habría emitido informes negativos y "suspensivos" de los pagos. Ha declarado que sus superiores deberían haberle informado de tales reparos, pero también ha matizado que no existían normas escritas al respecto, según las fuentes.

Preguntado por su afirmación ante la Guardia Civil de si se había sentido "presionado" en los informes que emitía, ha señalado que "no presionado pero sí urgido", aunque ha añadido que "eso es normal pues los gestores administrativos siempre intentan acelerar el proceso". Al término de su declaración, que ha concluido pasadas las 16:00, la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido medidas cautelares, personales ni civiles, contra el imputado y las acusaciones particulares del PP y Manos Limpias se han adherido a lo que resolviese la juez.

Juan Luque es uno de los cuatro interventores de la Junta han avalado en un informe que el sistema de las transferencias de financiación que se utilizó para el pago de las ayudas de los ERE contaba con el “máximo respaldo legal e institucional” y era conocido por todos los agentes que intervienen en el proceso presupuestario, desde el Gobierno, pasando por el Parlamento y la Cámara de Cuentas.

El informe fue presentado por el interventor delegado en la Consejería de Empleo Juan Luque Alfonso cuando prestó declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan el caso y fue redactado por él mismo así como por el interventor adjunto fiscal, Luis Hinojosa, y los interventores generales de la Junta Manuel Gómez Martínez –también imputado– y Rocío Marcos Ortiz, con la finalidad de disponer de un “marco teórico” para los interventores y las personas a las que pudiera interesar en el marco de la causa de los ERE.

Ese documento, que algunas fuentes consultadas señalan que no ha sido valorado convenientemente por la instructora y del que se habría dado traslado a las partes personadas en el procedimiento con cierto retraso, subraya la “escasa regulación jurídica” de las transferencias de financiación y asegura que los supuestos en los que la Intervención General, en el ejercicio de sus funciones de control financiero o de auditoría, ha valorado como inadecuado el empleo de las transferencias de financiación son “numerosos y afectan a otras entidades instrumentales más, además del IFA/IDEA”.

El análisis de estos interventores señala igualmente que el debate sobre el carácter más o menos adecuado del empleo de una transferencia de financiación “carece de efectos prácticos y debe permanecer en la esfera meramente teórica en la que lo recluye la decisión parlamentaria de otorgar un destino concreto y específico a una determinada partida. O, dicho en otros términos, si es el Parlamento en la ley del Presupuesto el que establece la naturaleza, el destino y el modo de gestión presupuestaria de una partida determinada calificada como transferencia de financiación, la ejecución adecuada y apropiada de dicha partida será, precisamente, la que disponga la ley del Presupuesto, aunque pudiera argumentarse que ello contradice determinados postulados teóricos o, incluso normas de inferior rango”.

Para los cuatro interventores que suscriben el informe, el destino de los créditos y el modelo de gestión basado en las transferencias y el controvertido convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA “contaba con el máximo respaldo legal e institucional y era perfectamente conocido por todos los agentes que intervienen en el proceso presupuestario: Gobierno, Parlamento y Cámara de Cuentas de Andalucía, organismo éste último al que se rinde la cuenta general”.

Desde esta perspectiva, los interventores señalan que si la Intervención hubiera pretendido obstaculizar la ejecución de las transferencias de financiación haciendo uso de los instrumentos suspensivos previstos en el ejercicio de la función interventora –en alusión al informe de actuación-, se habría colocado en una “situación injustificada de rebeldía frente al cumplimiento de una ley que, si se permite la aseveración, es la más importante que aprueba el Parlamento de Andalucía cada año”, precisa el documento.

Los interventores añaden que si es la propia ley del Presupuesto la que ha establecido la naturaleza, el destino y el régimen de ejecución presupuestaria de las transferencias de financiación, “el papel de la Intervención no puede ser otro que verificar que su gestión se ajusta, precisamente, a lo dispuesto en la Ley del Presupuesto, la más importante disposición de carácter económico-presupuestaria y contable de la Junta de Andalucía en cada ejercicio”.

Fuentes del caso aseguran que considerando este informe, elaborado por el máximo nivel de la Intervención, no se puede llegar a la conclusión a la que llegó la juez Alaya en el auto del pasado 10 de septiembre, en el que preimputó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y donde la instructora hizo hincapié en la “utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación” para el pago de las ayudas investigadas.

La defensa de dos ex altos cargos de la Junta imputados en la causa –los ex directores generales de Finanzas Pablo Millán y Juan Vela– denunció que la juez Alaya manejaba en algunas declaraciones documentación que no ha notificado a las partes, y hacía precisamente referencia a que cuando declaró el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, la instructora disponía del testimonio del interventor delegado Juan Luque Alfonso y, por tanto, de este informe elaborado por los cuatro interventores mencionados.

La juez atribuyó el retraso en la facilitación de la documentación a las partes –a las que no llegó hasta el pasado 7 de octubre– a un mero error, ya que aseguró que la Guardia Civil le entregó dos legajos, uno para la causa y otro para la instructora, a modo de copia, pero la declaración de Juan Luque y el informe no estaban incluidos en el legajo que se incorporó a la causa.