Andalucía

Transparencia con sombras

  • Los agentes sociales expresan sus dudas sobre quién recae, quién controla o sanciona y cuáles son los límites de la futura ley andaluza

Un total de 21 entidades estaban invitadas ayer al trámite de audiencia de la futura ley andaluza de transparencia en el Parlamento andaluz, con intervenciones de 20 minutos máximo. Visión casi unánime en la necesidad de aprobar (y por consenso) una ley autonómica que complemente a la nacional y que haga frente al desapego ciudadano con la gestión de los políticos, pero con muchas dudas sobre su eficiencia, el ámbito de aplicación, la seguridad jurídica o la creación de una nueva agencia que supervise esa gestión. Los portavoces de PSOE, PP e IU escucharon las propuestas con la potestad de convertirlas en enmiendas.

Una de las dudas sobre el texto actual procede de a quién afecta. CCOO y la Confederación de Empresarios discutieron que tengan obligación de suministrar información al mismo nivel que la Administración, una de las novedades de la ley andaluza que afecta también a partidos políticos y ONG. El sindicato y la patronal reseñaron la autonomía de estas entidades por mandato constitucional y aseguraron que la transparencia no es limitadora de la labor sindical o de las asociaciones. Aceptan la supervisión sobre la parte en la que reciben fondos públicos, pero no en el resto, que se debe a los fondos aportados por los afiliados, afirmaron. UGT no hizo ninguna aportación de interés. El sindicato de funcionarios CSIF pidió que no haya límites y puso como ejemplo la presentación de su contabilidad a nivel nacional. Las organizaciones de consumidores UCE y Facua reclamaron una homogeneización de la norma. Los agentes sociales criticaron que el texto abusa de remisiones a un posterior desarrollo reglamentario de la ley y sin plazos. CCOO preguntó por qué no afecta a la Iglesia, como concluyó el dictamen del Consejo Económico y Social, y propuso investigar a los beneficiarios de exenciones fiscales, aspectos no recogidos en el proyecto de ley.

Transparencia Internacional sugirió ampliar el marco de la ley nacional y bajar el listón para supervisar a empresas, que el proyecto marca como la ley nacional en una subvención menor de 100.000 euros o si ésta supone a la empresa menos de un 40% de su presupuesto total. Por ejemplo, una empresa con unos ingresos de medio millón de euros que reciba 90.000 euros de la Junta está a salvo de esta ley. La CEA solicitó una compensación económica para las empresas que tengan que ajustarse a la ley por contratos suscritos con la Administración, con carácter retroactivo.

Mejorar la información sobre los contratos o subvenciones que reciben las entidades fue una de las sugerencias del presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, que aprovechó para reclamar la anunciada reforma de su organismo. López pidió clarificar si la ley afecta a las mancomunidades-

Algunos de los agentes sociales cuestionaron por qué no se ha dado cabida al eje de buen gobierno, como recoge la ley nacional, y que perseguiría las conductas poco éticas de los representantes políticos. El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, lo consideró necesario, bien en esta norma o en la modificación de otras existentes. El PP, que tenía poco margen de crítica debido a la enorme similitud entre la ley andaluza y la nacional, encontró un argumento. Transparencia Internacional pidió incorporar información sobre los ingresos por cualquier servicio de los altos cargos, los regalos con valor por encima de 20 euros y un currículum de los responsables públicos además del perfil y la trayectoria profesional que exige la ley. También un examen previo a los candidatos de las organizaciones sociales que se integrarán en la comisión consultiva que asesorará al Consejo de la Transparencia.

Este órgano que centrará las demandas ciudadanas protagonizó también la ronda de comparecencias. Es conocido que IU prefiere que estas competencias residan en algún organismo existente, como el Defensor del Pueblo o la Cámara de Cuentas, cuyos titulares no se pronunciaron. El jurista Emilio Guichot consideró que habrá una gran carga de trabajo y que organismos existentes no tienen capacidad ejecutiva para este cometido. El PP compartió con CSIF que sean funcionarios quien ejerzan estas potestades. Transparencia Internacional puso en evidencia la independencia de este futuro órgano si está adscrito a la Consejería de Presidencia de la Junta y si la elección de su titular sólo requiere la mayoría absoluta de los grupos del Parlamento. También se preguntó por si tiene apacidad sancionadora.

La nota discordante la dio la asociación Defiendo mi derecho y la gestión pública, que consideró "nociva" esta ley y cargó contra los casos de corrupción política. Aspectos técnicos demandaron la asociación de archiveros y la asociación de telecentros, como que se ofrezcan respuestas en formatos distintos al pdf. Por escrito remitieron sus propuestas la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el sindicato andaluz de funcionarios SAF y la Agencia Española de Protección de Datos. Desistieron de la invitación la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, la Fundación Compromiso y Transparencia, el profesor de Ciencias Políticas Manuel Zafra, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y Ecologistas en Acción Andalucía. Las citaciones fueron comunicadas el pasado miércoles.

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