El caso de la pequeña que se ve obligada a ver habitualmente al hombre que la agredió sexualmente por residir junto a su vivienda causaba ayer una oleada de estupor e indignación en Huelva. J.V.C. fue condenado en 2012 a dos años de prisión por haber abusado de su sobrina y se le impuso una orden de alejamiento (de sólo 100 metros) que ha incumplido, siendo condenado en dos ocasiones por ello. La familia atribuye al colapso judicial el retraso en la ejecución de una sentencia que podría mandar al pederasta a la cárcel, en lugar de mantenerlo tan cercano, extremo que niega la defensa del condenado, que rechaza que tenga que entrar en prisión aún al haber recurrido el último veredicto judicial.

Los familiares de la pequeña piden el ingreso en la cárcel del condenado por pederastia. La madre de la niña asegura que la situación es "insoportable e inaguantable" sobre todo sabiendo que "tenía que estar en prisión porque tiene varias condenas en firme", un extremo que confirmó la abogada de la familia de la menor, María Teresa Largo. Según detalló esta, a pesar de que con la primera pena se veía eximido de ingresar en el centro penitenciario, al carecer de antecedentes, "en los últimos meses ha acumulado otras penas por quebrantamiento de la orden de alejamiento impuesta". Y es que tras la "sentencia firme que fue de conformidad por abusos sexuales a la menor ha incumplido la orden de alejamiento en dos ocasiones y hay tres diligencias nuevas en fase de instrucción por nuevos quebrantamientos". Para Largo, el problema radica en que "el penal tiene que ejecutarlo y no lo hace por colapso, porque lleva retraso". El fantasma del caso Mari Luz (su asesino, Santiago del Valle, también era un pederasta con condenas por ejecutar) sobrevolaba ayer de nuevo El Torrejón.

En cambio, la defensa de J.V.C. aseguraba que "no existe retraso en la ejecución de la sentencia" por quebrantamiento de condena ya que "está recurrida" ante la Audiencia de Huelva. Según explicó a Efe, se trata de una sentencia de noviembre del 2013 del Juzgado de lo Penal 1 de Huelva que lo condena a seis meses de cárcel por quebratamiento de la medida cautelar impuesta por el juez antes de que se enjuiciaran los abusos. "Si esa sentencia se confirma habrá que ver si se dan los requisitos legales para pedir la suspensión de la misma, como ocurrió con la de la Audiencia por abusos sexuales, siempre que se den los requisitos legales necesarios", precisó. En caso contrario, sí tendría que entrar en prisión.

La defensa precisó que existe una tercera sentencia condenatoria anterior, de junio del 2012, por otro quebrantamiento en la que "ni siquiera se le condena a cárcel" sino a una pena de multa de 24 meses a razón de cuatro euros de cuota diaria por encontrarse en un bar que se sitúa a 90 metros del domicilio de la menor en lugar de a los 100 metros establecidos, que es firme y está suspendida.

Con respecto al caso de los abusos, la representación de esta persona aseguró que "los reconoció porque le pedían 9 años por la acusación particular y 6 años por el fiscal y había un informe del psicólogo que decía que la niña podía decir verdad" y afirmó que "la indemnización de 3.000 euros que se le fijó está abonada". Además, apuntó que "sólo se pudo probar un hecho que fue por el que se enjuició y no se le condenó por delito continuado, y en el que no hubo tocamientos directos" y que "ha sido denunciado en numerosas ocasiones, muchas de las cuales han sido archivadas".

La madre de la pequeña, que prefiere permanecer en el anonimato, indicaba ayer que el día a día es "muy duro, lo tiene que ver a diario, ya que se pasa todo el día asomado a la ventana con la intención de llamar la atención sobre ella". Pero no es sólo el tener que vivir frente a esta persona, ya que a esto se suman "las amenazas" que sufre" por parte de la familia del condenado cada vez que hay un quebrantamiento de condena, las calumnias y las miradas de los vecinos" que parecen acusarla de "haber matado a alguien".

"No se puede vivir así", indicó, expresando su deseo de que no sólo esa persona entre en prisión, que es "donde debería de estar", sino de poder marcharse de donde ahora reside. "Quiero quitarme esa fachada de enfrente, porque aunque él se vaya su casa seguirá ahí y con ellas los recuerdos", aseguró y dijo no temer a las represalias por haber dado a conocer el caso en los medios de comunicación, ya que "ellos -en referencia a la familia del pederasta- me han obligado a hacerlo; he dicho, hasta aquí hemos llegado".

Fue la progenitora de la menor la que descubrió los abusos cuando su hija tenía ocho años -ahora tiene 11-, fue en una casa en Cartagena donde se trasladó toda la familia a trabajar y tenían acogido al condenado. Según adelantó ayer El Mundo, la madre llegó una tarde a la casa y pudo ver como esta persona abusaba de su hija, denunciando los hechos una vez que regresaron a Huelva, hace tres años.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, aseguraba ayer que abrirá una queja de oficio para analizar el caso. No era la única institución oficial en mostrar ayer su rechazo hacia las circunstancias en las que se ve envuelta la menor; también la Policía o representantes judiciales (precisamente los dos estamentos que tienen que obligar al cumplimiento de la sentencia) mostraban su contrariedad. Todo ello en respuesta al ruego de la familia de la menor, que asegura que la situación es insostenible.

Tras conocer este caso, Jesús Maeztu aseguraba ayer que va a plantear la apertura de una queja de oficio. A preguntas de los periodistas, Maeztu aseguró que no conoce en profundidad esta situación, pero dejó claro que son circunstancias "sangrantes" ya que "cuál es el castigo que tienen conductas de este tipo y cómo la viven las personas sobre las cuáles ha caído la acción". Maeztu indicó que le interesa esta situación al ser la afectada una menor, porque "nosotros en ese sentido actuamos inmediatamente" y recordó que muchas personas, de forma anónima, informan a la institución de alguna situación de abusos y "actuamos" a través de la Fiscalía.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, aseguró que la Policía sigue el caso, que está "alerta" y que "no ha habido ninguna petición de mayor protección" por parte de la familia de la menor, aunque mostró su preocupación por este asunto porque "no es de recibo que se encuentre tan cerca el agresor de la víctima".

Pérez Viguera puntualizó que esta situación "no es muy habitual pero la coincidencia de proximidad de las viviendas hace complicado cumplir esta orden de alejamiento".

El presidente del Tribunal Superior de la Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, considera que la Fiscalía o la Policía "deben actuar inmediatamente si creen que hay un incumplimiento de una sentencia".