La investigación de los ERE abarca ya las ayudas concedidas durante 13 años. La juez Mercedes Alaya, que instruye la causa por el escándalo de los ERE, ha decidido ampliar la investigación de las ayudas a los años 2011 y 2012, en un auto en el que además ha acordado imputar en la causa a un nuevo ex alto cargo de la Junta, el ex viceconsejero de Economía José de Haro Bailón, que declarará el día 23. 

La ampliación de la instrucción se produce a pesar de que hace sólo unos días la Fiscalía Anticorrupción alertó en un escrito del "crecimiento desmesurado y no justificado" del volumen de la causa, que acumula ya 201 imputados y más de 300.000 documentos. 

En el auto, que tiene fecha del pasado martes, la instructora argumenta brevemente los motivos que le han llevado a ampliar la investigación, por cuanto sólo explica que es "necesario completar la relación de subvenciones sociolaborales concedidas hasta el ejercicio 2012, con cargo al programa 31L de la Consejería de Empleo". La magistrada considera, por tanto, que es procedente requerir a la Junta de Andalucía a través de su representación legal para que en el término de dos días remita al juzgado "la relación de las ayudas concedidas e importe de las mismas durante los ejercicios 2011 y 2012, las resoluciones por el que se acordaba la concesión de éstas y la fecha de abono en su caso". 

Fuentes del caso indicaron este miércoles a este periódico que en estos dos años -en los que la macroinstrucción ya estaba en marcha- se concedieron muy pocas ayudas, si bien se siguieron pagando las pólizas de prejubilaciones concedidas con anterioridad. Algunos de los ex altos cargos imputados en la causa lo están precisamente porque la juez entiende que mantuvieron y continuaron el sistema de concesión de las ayudas que habían heredado al llegar al cargo. 

Desde la Junta se argumenta que en abril de 2011 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la nueva orden que regula la concesión de las ayudas sociolaborales y que ya sí recoge los principios de concurrencia y transparencia que no se siguieron en las ayudas anteriores, además de exigir mayores requisitos a las empresas y a los trabajadores solicitantes de las ayudas. 

De la misma forma, el 16 de octubre se aprobó el decreto 4/2012 de "medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex trabajadores andaluces afectados por los procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis". 

En cuanto a la imputación de José de Haro Bailón, Alaya señala en el nuevo auto que cuando ocupó el puesto de secretario general de Hacienda -entre abril de 2004 y abril de 2009, al suceder a Antonio Estepa, también imputado-, estuvo "a las órdenes del titular en aquellas fechas José Antonio Griñán" y le correspondería "el impulso y coordinación de la política presupuestaria y además se encontraba adscrito a la Secretaria General la Intervención de la Junta". De Haro, que eleva a 33 el número de ex altos cargos imputados, "tendría una activa participación en el uso inadecuado de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el programa 31.L de la Dirección General de Trabajo -conocida como fondo de reptiles- en el proceso de elaboración de los Presupuestos y de igual modo, conocería el falseamiento del presupuesto necesario en IDEA, creando gastos inexistentes, para que el uso de las transferencias de financiación por parte de la Dirección General de Trabajo a dicha Agencia fuera posible". 

José de Haro formaría parte también en el proceso de elaboración presupuestaria, de los grupos de trabajo de alta cualificación técnica que cada año se llevaban a cabo para examinar los distintos programas presupuestarios, su contenido, su finalidad y su coste. Cuando ocupó el cargo de viceconsejero de Economía y Hacienda, a partir de abril de 2009 -siendo consejera Carmen Martínez Aguayo-, De Haro "tendría igualmente una activa participación en la elaboración del Presupuesto de 2010 en el que si bien desaparecieron de los estados de gastos del programa 31.L de la Dirección General de Trabajo las transferencias de financiación, en el análisis de los objetivos por programa y en la Memoria del Presupuesto, se establecía como prioridad la continuidad del sistema de transferencia a IDEA para dar cobertura a los compromisos adquiridos en virtud de expedientes de regulación de empleo, planes de prejubilación, ayudas para la viabilidad de empresas, en virtud del concierto con IDEA en vigor desde 2001". 

Según la juez, lo anterior determinaría que en el año 2010, pese a la vinculación de la partida presupuestaria 47/77 recogida en el estado de gastos referido, "todo siguiera como en años anteriores, permitiendo así la concesión de las ayudas sociolaborales al margen del procedimiento legalmente aplicable".