Consejo de gobierno

Sánchez Rubio admite "problemas" para pagar la Dependencia

  • La consejera presenta el anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales, para garantizar esta prestación.

"Sin lugar a dudas, tenemos problemas de tesorería". Dejando poco margen a los circunloquios, la consejera de Igualdad, Salud y Política Sociales, María José Sánchez Rubio reconoció ayer retrasos en el pago a los ayuntamientos y diputaciones por la prestación de los servicios de Dependencia.

Se pronuncia así horas después de que los alcaldes de las principales capitales andaluzas gobernanadas por el PP reclamaran a la Junta el pago urgente de la deuda acumulada en materia de atención social -que financia la comunidad autónoma y, en la mayoría de casos, ejecutan en última instancia los servicios sociales municipales-. Con todo, Sánchez Rubio mandó como recado a los dirigentes populares que "no estaría mal" que "le dijeran al Gobierno de España que en vez de recortar 314 millones de la ley de dependencia, ayudara a las comunidades autónomas", dijo tras señalar que Andalucía soporta "casi en solitario (72%)" esta ley. "Estamos haciendo, no ya verdaderos esfuerzos, sino más de los que se pueden imaginar, pero vamos a seguir sosteniendo la Ley, incluso en estas circunstancias", zanjó. Precisamente lo que persigue la ley de Servicios Sociales de Andalucía -cuyo anteproyecto fue presentado ayer- es "garantizar" un listado de prestaciones y servicios, entre ellos los de Dependencia.

Como adelantó este medio, la principal novedad de esta norma -que modifica la ley de 1988- es la figura del profesional de referencia que atenderá a los beneficiarios de estas ayudas incluso a domicilio y la creación de una tarjeta social digital, dirigida fundamentalmente a personas sin recursos, que rcogerá el historial en servicios sociales de los usuarios. Aclaró la consejera que se trata de una tarjeta de la que estarán excluidos los inmigrantes irregulares, personas para las que, aunque está sin definir los detalles, se creará una tarjeta de atención específica. "No se les dejará sin atención", insistió, para poner de ejemplo que Andalucía "a diferencia de otras comunidades" atiende a inmigrantes en la sanidad pública  "en igualdad de condiciones".

Sobre la financiación de la Ley de Servicios Sociales, Sánchez Rubio aclaró que, de momento, se contempla con los fondos propios de la Consejería aunque "más adelante" para "programas específicos" habrá "fondos específicos". Entre las principales novedades figura que la Junta diferenciará entre "derechos garantizados" y "prestaciones sujetas a disponibilidad económica".

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