El último trámite antes de remitir el caso de los ERE al Tribunal Supremo. La juez Mercedes Alaya dictó ayer una breve providencia en la que solicita ahora a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre qué tribunal es el competente para investigar a los aforados.

En esa resolución, la instructora asegura que ya se han practicado todas las diligencias relacionadas con los aforados, lo que supone en la práctica la confirmación de que en cuestión de días remitirá la denominada "exposición razonada" al Tribunal Supremo. De hecho, Alaya sólo ha dado el plazo de un día a la Fiscalía para que se pronuncie sobre esta última petición, con lo que la respuesta del Ministerio Público debería producirse antes del próximo lunes.

La resolución llega cuatro meses después de que, en abril pasado, la Fiscalía Anticorrupción solicitara a la instructora que dividiera la causa en piezas separadas y enviara al Tribunal Supremo la que afecta al "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas de los ERE, parte en la que estarían implicados los siete preimputados en la causa: los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los ex consejeros autonómicos José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio Menéndez, Francisco Vallejo Serrano y Antonio Ávila Cano.

La competencia para investigar a Chaves y Griñán, como diputado y senador, respectivamente, correspondería al Tribunal Supremo, al igual que en el caso del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, que ocupó el cargo entre 2000 y 2004 y que también es diputado. Por su parte, los ex consejeros de Empleo Manuel Recio (en el cargo entre 2010 y 2012), de Innovación Francisco Vallejo (2004-2009), de Economía Carmen Martínez Aguayo (2009-2013) y de Economía e Innovación Antonio Ávila (2010-2013), estarían aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al seguir siendo en la actualidad parlamentarios autonómicos. No obstante, y puesto que los hechos en los que se basan las imputaciones  son prácticamente los mismos, el órgano judicial competente sería el Tribunal Supremo al ser el del más alto nivel.

Todo apunta a que la remisión al Supremo será la próxima semana, lo que supone un punto y seguido en una instrucción que acumula ya 201 imputados -de los cuales 33 son ex altos cargos de la Junta- y más de 300.000 folios de documentos. Se trata de un punto y seguido porque los expedientes que la magistrada ha investigado y sigue investigando -recientemente ha ampliado la investigación a los años 2011 y 2012, con lo que ya son 13 los años que se están escudriñando en busca de irregularidades- no abarcan ni el 5% del total de las 401 ayudas que aparecen en la instrucción y que alcanzan los 709 millones de euros. 

La propia Fiscalía Anticorrupción, que ha advertido hace poco del "crecimiento desmesurado" de la causa y ha abogado por evitar las dilaciones innecesarias, recordó que en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas se contabilizan ayudas sociolaborales de prejubilación con 126 expedientes, de los que se pagaron 582.189.272 euros, y ayudas a empresas y a otros por otros 275 expedientes, que supusieron pagos por 127.761.211 euros. Y advertía precisamente de que en la actualidad "no consta la confección e incorporación a las presentes actuaciones de gran parte de los informes de la Dirección General de Seguros y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativos a los expedientes de ayudas sociolaborales financiados por la Junta con cargo a los programas 22E y 31L". 

Realmente no llegan a la treintena los atestados entregados por la Guardia Civil en el juzgado, lo que muestra la magnitud de una investigación que, a pesar de llevar en marcha casi cuatro años, se encuentra en unos porcentajes muy escasos por lo que se refiere al global de la investigación. Es cierto que se ha avanzado en la parte general que afecta al corazón de la causa, con lo que se supone que una vez se vayan recibiendo el resto de los atestados, la toma de declaraciones y el avance de las actuaciones adquirirá una mayor celeridad.