En tiempos de desafección política y desapego a las instituciones -también en la época de proclamas por la democracia real-, el Ejecutivo andaluz ha decidido impulsar, como uno de los grandes proyectos de esta legislatura del Gobierno de coalición PSOE e IU, la Ley de Participación Ciudadana. Sobre el papel, la norma dotará a los andaluces mayores de 16 años residentes en Andalucía (incluidos inmigrantes empadronados) de un margen de decisión en materias de competencia autonómica.

Estas "consultas participativas de carácter no vinculante sobre asuntos de interés público de competencia autonómica o local", que es como queda definido en el anteproyecto, podrán convocarse a iniciativa de los ciudadanos o por entidades de participación de la sociedad civil como ONG, plataformas y redes ciudadanas, especialmente activas en estos años, reuniendo como mínimo 40.000 firmas.

Además de la iniciativa ciudadana, esta ley, de la que no hay todavía memoria económica, también contempla la posibilidad de que sea el propio Ejecutivo y los ayuntamientos los que impulsen estas consultas. El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ejemplificó ayer con algunos casos lo que pueden ser -ya en la práctica- las consultas promovidas por la Junta: se podrá preguntar a los ciudadanos de una comarca sobre un depósito de residuos urbanos, la privatización de servicios públicos o el cierre de un hospital -"un cierre nunca, porque el Gobierno andaluz no cierra hospitales", en todo caso se hablaría de privatización, corrigió el portavoz Miguel Ángel Vázquez-.

Para aquellas consultas populares o municipales , será la Junta de Andalucía quien "tendrá la última palabra", precisó el vicepresidente. Es decir, en último término, será la Junta la que decidirá si acepta o no celebrar una consulta -"de no hacerlo debe motivar las razones"- y de aceptar la consulta tiene potestad para no aplicar el resultado, "siempre que dé razones para ello". Aunque el vicepresidente no especificó cuáles podrían ser los casos en que la voluntad popular podría chocar de frente con los intereses del Gobierno andaluz en una comunidad donde las ocho capitales de provincia y las grandes ciudades están gobernadas por el Partido Popular. "No quiero hacer futurología", zanjó.

Al margen de ese derecho a veto que se reserva la Junta, y con el desafío soberanista catalán al fondo, el Gobierno andaluz se ha cuidado muy mucho de plasmar cuáles son los límites de esta ley, cuya entrada en vigor está prevista para 2015: las consultas, subrayó Valderas, "en ningún caso tendrán carácter de reférendum ni irán contra la Constitución".

De acuerdo con el anteproyecto, esta ley contempla tres líneas de actuación: las consultas participativas, los presupuestos participativos y la presentación directa de propuestas. Entre los asuntos objeto de consulta, el vicepresidente resaltó la participación popular en la elaboración de los presupuestos de la Junta, de forma que sea el ciudadano "quien pueda marcar las prioridades" en el gasto. Esta fórmula ya viene aplicándose en el ámbito local en capitales como Sevilla -que vota en las asambleas de distritos una parte del presupuesto- y ha sido la manera en que, desde antiguo, los pequeños municipios han gestionado decisiones en beneficio de la comunidad.

En cuanto al procedimiento, una vez aprobada la ley y publicada en el BOJA, los ayuntamientos tendrán un plazo de seis meses para, en el "marco de su autonomía", adaptar sus reglamentos de participación. Para estas consultas se usará como base el padrón de habitantes que los ayuntamientos deberán remitir a la Junta y aunque no están obligados a ello, la Administración apela al buen entendimiento para que estos censos, llegado el caso, puedan ser utilizados también por el Ejecutivo andaluz.

Para Valderas, esta ley, que nace tras un año de tramitación con las aportaciones de 5.500 personas, ensancha "los derechos de participación y las fórmulas de gobierno abierto y transparencia ya recogidas en el Estatuto de Autonomía".