La Policía y los Juzgados de Cádiz han tramitado ya 916 expedientes de expulsión tras la llegada de 1.409 inmigrantes a la costa gaditana, concretamente a Tarifa, entre el 4 y el 12 de agosto, mientras que 543 personas permanecen en diferentes centros de internamiento de extranjeros (CIE) y 546 han sido derivadas a distintas ONG. La Diputación Permanente del Congreso abordó ayer la situación vivida por Tarifa los días pasados. PSOE e IU solicitaron la comparecencia del presidente del Gobierno, del ministro del Interior y de la ministra de Empleo y Seguridad Social para que informen sobre la situación creada y las medidas adoptadas tras la llegada masiva de inmigrantes desde principios de agosto.

Tanto el PSOE como IU y UPyD sostienen que el Gobierno tiene que dar explicaciones ante la "vulneración de derechos fundamentales" de los inmigrantes en las fronteras y han pedido una solución humanitaria, y no sólo policial, ante la llegada masiva de subsaharianos.

Por contra, el diputado del PP Leopoldo Barreda aseguró que se ha cumplido la ley a la hora de reaccionar, entre el 4 y el 12 de agosto, a la oleada masiva a a las costas gaditanas de un total de 1.409 inmigrantes en 113 embarcaciones. Tras ese aluvión, hasta el pasado lunes ya se han tramitado 916 expedientes de expulsión. 543 inmigrantes permanecen en diferentes centros de internamiento de extranjeros (CIE) de la península y 546 han sido derivados a ONG.

Ahora quedarían unas 340 personas en Tarifa, de las que 90 ya han sido o serán trasladadas a CIE de Madrid y Barcelona; 78 han sido o serán entregadas en breve a ONG, y siete han quedado en libertad, previa tramitación del expediente de expulsión y tras comprobar que tienen recursos y familia en España. De los 168 inmigrantes restantes -de esos 340- ya han sido trasladados a Comisaría para la tramitación del expediente correspondiente 65.

Barreda recordó que recientemente se ha reforzado el número de policías y guardias civiles que hay en Ceuta, Melilla y Cádiz, y en contestación a las críticas vertidas por los otros grupos ha defendido la legalidad de las actuaciones que se llevan a cabo en las fronteras. "No somos el partido de la demagogia de los papeles para todos", dijo el diputado popular, que precisó que las denominadas devoluciones en caliente se llevan a cabo desde 2005, ya que lo contrario sería "insostenible". El parlamentario del PP destacó el trabajo conjunto que se hace con Marruecos y otros países africanos para contener la inmigración ilegal, antes de defender que este asunto no requiere la comparecencia inmediata del presidente del Gobierno y de los ministros, ya que se trata de un asunto coyuntural.

La diputada socialista Esperança Esteve expresó su preocupación por "la vulneración de los derechos fundamentales de las personas que intentan cruzar la valla" de Melilla y preguntó a qué acuerdo se ha llegado con Marruecos, un país que según ha dicho inflige "malos tratos" a los inmigrantes. En su opinión, la valla de Melilla "se ha convertido en objeto de culto, en un tótem a preservar, en lugar de serlo las personas que tratan de saltarla", y es necesario articular una respuesta humanitaria y no sólo policial.

Desde la Izquierda Plural, José Luis Centella secundó esta idea y vio necesario "provocar el debate" sobre la masiva llegada a España de inmigrantes irregulares porque no se puede "mirar para otro lado". "Queremos poner puertas al hambre y a la desesperación" con "una valla de la vergüenza", criticó.

Jon Iñarritu (Grupo Mixto) secundó esta idea y ha dicho que en fronteras como la de Melilla existe "una zona no legalidad, donde no se aplica la ley".

La diputada de UPyD Rosa Díez afirmó que la inmigración ilegal supone "una crisis humanitaria" que no es sólo problema de España sino de Europa. UPyD ya pidió en una proposición no de ley que Marruecos "cumpla sus compromisos y sus acuerdos con España y con la UE, porque los que pasan el Estrecho llevan un año en Marruecos, a veces más, y les dejan pasar, e incluso en algunos casos les empujan".