EL Debate sobre el estado de la Comunidad, a falta de las resoluciones que hoy aprobará el Pleno del Parlamento, apenas sirvió para formalizar la apertura de un nuevo frente de confrontación entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación. En la estela de sus predecesores en el cargo, la presidenta, Susana Díaz, anunció recursos ante los tribunales por los incumplimientos que, a su juicio, ha perpetrado el Ejecutivo de Mariano Rajoy en la aplicación a Andalucía del sistema de financiación autonómico y en la disposición del vigente Estatuto de Autonomía que obliga a realizar una inversión equivalente al porcentaje que representa la población andaluza con respecto a la población total española. Las cantidades presuntamente adeudadas a la comunidad autónoma se cifran en 8.000 millones de euros. Fue la gran novedad del debate, junto al compromiso de legalización de miles de viviendas irregulares, y esta carencia de financiación, además de los recortes obligados en materia sanitaria y educativa, constituyó el eje vertebrador del discurso presidencial. En torno suyo construyó Susana Díaz el mensaje explicativo de una gestión de un año de gobierno de un balance mediocre: si el Gobierno andaluz no ha podido hacer más cosas es porque el Gobierno central le ha impedido desplegar todas sus potencialidades. En materia de empleo, el gran problema de Andalucía, la presidenta se limitó a anunciar tres nuevos planes genéricos y bienintencionados (construcción sostenible, recuperación de talentos y fomento del empleo indefinido) sin dotación ni concreción alguna. Acerca de la corrupción que ha marcado los últimos gobiernos andaluces, Díaz enumeró las medidas de control de fondos públicos adoptadas, prometió reformar la Cámara de Cuentas y legislar el estatuto del cargo público y adelantó la entrada en vigor de algunos aspectos de la Ley de Transparencia. La portavoz de la oposición, Dolores López Gabarro (PP), que se estrenaba en este tipo de debates, no se salió tampoco del guión de quienes le precedieron en nombre de su partido, desgranando una amplia serie de descalificaciones y poniendo el acento en la ambición de Díaz de aumentar su protagonismo en la política nacional a costa de dejar de interesarse por los problemas de los andaluces. No dejó de poner el dedo en la llaga sobre la falta de gestión del Gobierno regional y las crecientes tensiones entre las dos formaciones políticas que lo integran, aunque la intervención posterior del portavoz de IU, José Antonio Castro, apenas dejó entrever la existencia de tensiones y discrepancias, centrándose en una defensa del bipartito y, en especial, de las iniciativas procedentes de la coalición de izquierdas.