La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, que informe "con carácter urgente" al Tribunal Supremo de su decisión de seguir instruyendo la causa mientras no reciba ninguna comunicación del Alto Tribunal, tras haber dictado un auto el pasado 4 de septiembre en el que daba traslado de la "exposición razonada" a los dos últimos aforados que han sido preimputados, los ex consejeros de la Presidencia Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno.

El escrito de la Fiscalía solicita a la magistrada expresamente que "con carácter urgente y como necesario complemento, de no haberlo realizado ya, se ponga en conocimiento del mencionado Alto Tribunal la decisión que se adopta de continuar la instrucción de la causa mediante remisión" a los autos dictados el pasado 4 de septiembre, en los que la juez acuerda seguir la instrucción y trasladar, a tenor del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a Gaspar Zarrías Arévalo y a María del Mar Moreno Ruíz, de la presente causa así como del contenido de la exposición razonada.

La Fiscalía entiende que todo lo anterior se debe realizar a los efectos del artículo 759.2 en relación con el artículo 21, párrafo tercero ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo este último artículo el que "prevé que el Tribunal Supremo puede autorizar al órgano judicial inferior, en tanto se resuelve la competencia, la continuación de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fueran manifiestas", recuerda la Fiscalía.

El Fiscal recuerda que en uno de los autos del 4 de septiembre de 2014, la juez acordó "continuar la instrucción de la presente causa en tanto el Tribunal Supremo no fije su propia competencia a la vista del contenido de la exposición razonada remitida por la Magistrada instructora".

La solicitud de los fiscales Anticorrupción se produce después de que la juez haya dado traslado a las partes de la petición de "aclaración" realizada por la defensa de un ex alto cargo imputado, que ha cuestionado la actuación de la instructora para que se pronuncie sobre si las nuevas declaraciones tienen el carácter de urgentes o responden a una necesidad a estas alturas de la instrucción.

 La aclaración fue solicitada por el abogado Adolfo Cuéllar, que representa al ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas, uno de los ex altos cargos a los que Alaya ha ampliado ahora la imputación y ha citado de nuevo a declarar dentro de dos semanas. En concreto, la defensa advierte a la juez de que se reserva el derecho de plantear los posibles recursos e incluso de solicitar "la nulidad de lo actuado" desde que se dictó ese auto -el pasado día 4- y pide a la juez que aclare si la imputación de Justo Mañas y todo lo que se ordena en dicho auto "se entiende urgente o manifiestamente necesario".

El letrado argumenta que una vez que el Tribunal Supremo ha designado como instructor para resolver la exposición razonada al magistrado Miguel Colmenero, esto implica que el Alto Tribunal se encuentra ya "en trámite de resolver su competencia" en el caso de los ERE, lo cual conllevaría de acuerdo con el artículo 21.3 de la ley de Enjuiciamiento Criminal "que a lo máximo que podría ser autorizado el juzgado de Instrucción es a continuar aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fueran manifiestas". El artículo mencionado señala que el Tribunal Supremo "podrá autorizar" mientras resuelve sobre la cuestión de competencia, "la continuación de aquellas diligencias, cuya urgencia o necesidad fueren manifiestas".

La defensa de Justo Mañas recuerda que el criterio jurídico marcado por la juez Alaya en su exposición razonada consiste en que ya "no es competente para conocer la causa" pero aún así entiende que mientras el Supremo "no se pronuncie ordenando que se abstenga de todo proceder o mientras resuelve la competencia, procede continuar con la instrucción".

El defensor subraya, en cambio, que "de la interpretación literal y conjunta de ambos apartados de la ley de Enjuiciamiento Criminal, mientras el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre su competencia, lo máximo que la instructora puede instruir (si así se lo ordenase el Tribunal Supremo), serían aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fueran manifiestas".

Según la ley de Enjuiciamiento Criminal, sólo el Tribunal Supremo puede ordenar a Alaya que no siga instruyendo la causa, dado que el mismo artículo 21 señala que "cuando algún juez o tribunal viniere entendiendo en asunto cuyo conocimiento estuviere reservado al Tribunal Supremo, ordenará éste a aquél, de oficio, a excitación del Ministerio Fiscal o a solicitud de parte, que se abstenga de todo procedimiento y remita los antecedentes en el término de segundo día para, en su vista, resolver".

En la aclaración que se solicita a Alaya, se recuerda que la propia Fiscalía Anticorrupción planteó esta misma argumentación en un escrito remitido a la juez el pasado 25 de julio, antes de que la juez dictara la exposición razonada. "Si la magistrada instructora considera procedente elevar la causa en su totalidad por pérdida de competencia a favor del órgano superior, una vez remitida a éste la exposición razonada, al entender la magistrada agotada la instrucción en todo cuanto es posible sin dirigir el procedimiento directamente contra las personas que gozan de fuero y defender la inescindibilidad de las actuaciones, deberá suspenderse la tramitación de la causa, salvo la de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fueran manifiestas", planteó la Fiscalía.

En el auto del pasado día 4, Alaya decidió ampliar la imputación en el caso a otras 20 personas, entre ellas el que fuera jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo, Antonio Lamela Cabrera, y fijó un maratoniano calendario de nuevas declaraciones, en el que en tan sólo cinco días (22 de septiembre, 23, 24, 25 y 30) ha citado a declarar a 41 imputados: los 20 nuevos implicados más otras tantas personas a las que se ha ampliado la imputación, entre ellas varios ex altos dirigentes de la Junta.

Con estas nuevas imputaciones, que elevan a 227 el número de imputados en el escándalo de los ERE, la juez Mercedes Alaya volvía a pasar por el alto el criterio expuesto por la Fiscalía Anticorrupción.