El pasado mes de julio, el Tribunal Supremo confirmaba una sentencia contra el ex presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra que condenaba a cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales. Sin embargo, hace dos semanas, la Audiencia castellonense aceptó la petición del controvertido político suspendiendo cautelarmente el cumplimiento de la pena mientras no se pronuncie el Ejecutivo a su petición de indulto. Algo parecido busca Pedro Pacheco, ex alcalde de Jerez c ondenado a cinco años y medio de cárcel, aprovechando que la ley lo permite, aunque para casos excepcionales.

El Código Penal recoge en su apartado cuatro del artículo 4 lo siguiente: "Si mediara petición de indulto, y el juez o tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada. También podrá el juez o tribunal suspender la ejecución de la pena, mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de este pudiera resultar ilusoria".