Andalucía

Turismo choca con los empresarios por el nuevo decreto de campos de golf

  • La tercera modificación desde 2008 limita a 300 las casas. El PSOE apoyaría los cambios de IU.

La Consejería de Turismo y Comercio, que dirige Rafael Rodríguez (IU), ultima una nueva modificación del decreto regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de los campos de golf en Andalucía. El proyecto pasó el 6 de octubre por el Consejo Económico y Social (CES), donde ha encontrado el rechazo frontal de las organizaciones empresariales representadas en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) al entender que endurece las condiciones para construir nuevos campos.

La Consejería espera que esta modificación pueda ver pronto la luz después de que otro de sus proyectos prioritarios corriera desigual suerte, como es el caso de la implantación de un impuesto a las grandes superficies comerciales, rechazada por el PSOE tras la presión de la patronal.

Turismo considera que esta vez cuenta con el apoyo de los socialistas, ya que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha trabajado en conjunto en los cambios. Sería la tercera vez que se modifica este decreto desde su aprobación en 2008, una circunstancia que el propio Consejo Económico y Social considera en su dictamen que ha generado "sensación de provisionalidad e incertidumbre en la esfera empresarial y administrativa".

Turismo entiende que la redacción original del decreto vigente pretendió "burlar" el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en cuanto a los límites de población y de viviendas anexas a la construcción de un campo de golf. Con la nueva modificación "se ganaría en simplificación administrativa, se reforzará la protección del medio ambiente y se dará mayor seguridad jurídica", en palabras del viceconsejero de Turismo y Comercio, Antonio Roldán. La Consejería justifica el cambio en que, de los 37 proyectos presentados en los últimos años, 17 se encuentran en silencio administrativo y sólo dos han obtenido la autorización (Castellar y Barbate, ambos en la provincia de Cádiz), pero no se han construido. "Ahora los campos de gol saldrán con todas las garantías jurídicas y medioambientales", sostiene Roldán.

El cambio principal y que genera mayor rechazo en la CEA se encuentra en la modificación del artículo 26. Turismo quiere restringir la "edificabilidad lucrativa máxima" a 144.000 metros cuadrados para un campo de golf de 18 hoyos, es decir, que no haya más de 300 viviendas asociadas al proyecto. Roldán señala que han llegado proyectos con mil, 600 o 500 viviendas, saltándose los límites urbanísticos del POTA y avala la modificación para que los promotores sepan a qué atenerse. El viceconsejero subraya que el crecimiento económico va ligado a las plazas hoteleras y a los apartahoteles, no a la construcción de más viviendas.

Además, Turismo quiere que el decreto incorpore que las viviendas asociadas se incluyan en la "ciudad compacta", es decir, unidas al núcleo poblacional.

El CES desaconseja este cambio porque, en su opinión, dificultará el desarrollo de proyectos en el interior e impedirá que estas zonas puedan generar economía y empleo. El Consejo propone una redacción por la que "las viviendas se ubiquen en las zonas más próximas posibles a los núcleos urbanos de residencia". La patronal ve insuficiente este rechazo y, en su voto particular, propone la supresión de la modificación del artículo 26 porque este cambio "reducirá los espacios para la implantación de proyectos, una notable pérdida de atractivo turístico y singularidad al exigirse la localización adyacente a los núcleos urbanos y, por consiguiente, una falta de respuesta a la demanda turística y al objetivo compartido de desestacionalización, la calidad y variedad de la oferta de turismo andaluz".

Todos estos cambios son posibles porque hace seis años la Junta incorporó una figura que no existía en el conjunto del Estado por la que se podían construir viviendas asociadas siempre que el proyecto se declare "de interés turístico" y que estén en un Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional.

El nuevo decreto restringe los requisitos para otorgar esta declaración. Además de la edificabilidad asociada, incorpora otros parámetros orográficos y medioambientales, como una extensión de la prohibición de hacer campos de golf en lugares protegidos o parques naturales. Por ejemplo, impide que se pueda construir en zonas donde haya una determinada densidad de árboles centenarios.

El decreto incorpora una simplificación y racionalización del procedimiento, entre los que destaca el sometimiento del proyecto a un informe previo que valore su interés turístico. Entre los informes preceptivos que se pedirán durante la tramitación se incluirá uno sobre la suficiencia hídrica del proyecto, que hasta ahora no se contemplaba.

En la tramitación también se cambia el silencio administrativo positivo por el negativo, aunque el CES recomienda que se dé un plazo de tres meses y, de no haber contestación, que el silencio sea positivo.

Este borrador de decreto es de envergadura, ya que se estructura en un artículo único con modificaciones en 14 apartados, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

En la última modificación del decreto, en 2010, el entonces consejero de Turismo, Luciano Alonso, defendió que se suavizarán las restricciones porque hay que competir con la oferta del norte de África, Turquía o el Algarve portugués.

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