Fraude en la formación

Anticorrupción avala la competencia de Alaya para investigar el fraude de los cursos de formación

  • Asegura que hace un año ya se analizó la cuestión y la Audiencia sólo decidió retirarle la investigación de las facturas falsas de UGT-A.

La Fiscalía Anticorrupción avala que la juez Mercedes Alaya es competente para investigar el fraude de los cursos de formación, una cuestión que un año fue analizada por el Ministerio Público y acabó con un recurso ante la Audiencia de Sevilla por el que se retiró a la magistrada la parte del sumario que afectaba a las facturas falsas de UGT-A, que actualmente instruye el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla.

Según han confirmado fuentes del Ministerio Público, no hay motivos en la causa para impugnar la competencia de la juez, puesto que Alaya estaba ya investigando los cursos de formación que habría recibido el conseguidor de los ERE, el sindicalista Juan Lanzas, y estos hechos podrían guardar relación con la denuncia de Teodoro Montes. En cualquier caso, estas fuentes precisan que no hay duda de que Alaya es la juez predeterminada por la ley, en su ámbito territorial de Sevilla, para investigar estos hechos, y que la cuestión se trata de una potestad del gobierno de los jueces que afecta a las normas de reparto establecidas, algo que se han respetado en este caso, han precisado.

La cuestión sobre la competencia de la juez Alaya fue cuestionada la semana pasada, a raíz de una revelación del denunciante de los cursos, el jefe de Departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, Teodoro Montes, quien aseguró el pasado viernes que acudió a denunciar las irregularidades al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige Mercedes Alaya, y desde aquí le remitieron a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que devolvió la investigación a este juzgado.

El letrado que representa a la Junta planteó en su turno de preguntas a Teodoro Montes si fue él quien se dirigió directamente se dirigió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a lo que el principal denunciante en este caso respondió que después de "seis o siete años esperando a que alguien lo oyera, llegó a la puerta de este juzgado para formular denuncia y se le indicó que lo hiciera ante la Guardia Civil". Es decir, como nadie le había escuchado con anterioridad, Teodoro Montes se dirigió al juzgado de Mercedes Alaya, en fechas anteriores a su declaración ante la Guardia Civil (agosto de 2013) y cuando la instructora era ya de sobras conocida por la investigación de varios escándalos como el de los ERE fraudulentos o las irregularidades relacionadas con la empresa Mercasevilla.

La UCO le tomó declaración el 22 de agosto, varios días después el testigo amplió esas manifestaciones, y con fecha 13 de septiembre de 2013 esta unidad -que es la misma que ha estado interviniendo en las otras investigaciones de Alaya- remite al juzgado de Alaya el oficio con la toma de declaración del denunciante. A partir de ahí, la juez Alaya abre unas diligencias previas e inicia la investigación del fraude de los cursos.

Algunas fuentes del caso plantearon que esta forma de proceder podría ir en contra del derecho a la tutela judicial efectiva y al juez predeterminado por la ley, porque en principio el derecho español rechaza la figura del juez a la carta, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir a un determinado juez para que investigue su caso. El proceso normal consiste en que cuando un ciudadano denuncia un hecho que puede ser constitutivo de un delito ante la Policía o la Guardia Civil, estos cuerpos remitan la denuncia al juzgado de guardia de la localidad para que, a través de las normas de reparto, la investigación se distribuyera entre alguno de los 20 juzgado de instrucción que hay en Sevilla.

Fuentes de la Fiscalía han confirmado este miércoles que la competencia de Alaya se analizó hace un año, cuando el Ministerio Público planteó un recurso ante la Audiencia de Sevilla en el que solicitaba que se le retirara a la magistrada la parte que afectaba a las facturas falsas de UGT-A. El recurso lo estimó parcialmente la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que ordenó desgajar la investigación y remitir esa parte al juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla.

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