Andalucía

Alaya pide el auxilio de la Inspección de Trabajo en el fraude de los cursos

  • La juez rechaza el permiso que Faisem solicitó para querellarse contra el testigo protegido

La juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los cursos de formación, ha rechazado la "licencia" que solicitó la Fundación Pública Andaluza Para la Integración de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) para querellarse contra el testigo clave y ahora también protegido de la causa de los cursos de formación, Teodoro Montes.

En un nuevo auto, la magistrada ha pedido además el auxilio jurisdiccional en la investigación abierta a la Inspección Central de Trabajo, después de que este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo realizara un informe sobre las ayudas concedidas al ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, imputado en este procedimiento.

En ese informe la Inspección de Trabajo alertó del "grave perjuicio" que se había ocasionado para el patrimonio de la Seguridad Social, al presupuesto del servicio de empleo estatal y al presupuesto de la Junta de Andalucía por conceder ayudas a la formación incumpliendo la normativa específica prevista para estas subvenciones otorgadas a las empresas de Ángel Ojeda.

La Inspección criticó abiertamente en ese informe el plan especial de 105 millones que la Junta estableció para los 1.904 ex trabajadores de Delphi. Los inspectores señalaban incluso hechos que pueden tener "relevancia penal" y subrayaban que la ayudas de la Junta propiciaron un fraude a la Seguridad Social dado que fueron destinadas a la "simulación" de contratos.

De otro lado, la juez ha rechazado la petición de "licencia" que realizó hace unos días para poder querellarse contra el jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional, después de que el funcionario realizara graves acusaciones respecto a algunos de los cursos impartidos por esta fundación pública.

La instructora ha contestado denegando dicho permiso en una resolución, en la que ha precisado además a Faisem que en este caso no cabría además una querella por injurias y calumnias, sino que como mucho los hechos podrían ser constitutivos de una denuncia falsa. Alaya ha añadido que, en ese supuesto, no se puede actuar en este momento contra el funcionario, porque esas posibles acciones legales no podrían iniciarse hasta que se acreditara dicha denuncia falsa, bien con una sentencia absolutoria o porque se decretara el archivo de la causa, señalaron las mismas fuentes.

Por su parte, el sindicato CCOO no ha emprendido la misma vía que Faisem, puesto que ha presentado en los juzgados un acta de conciliación previa a la interposición de la querella contra Teodoro Montes, al objeto de que el funcionario se ratifique o no sobre las acusaciones de cobro por parte de la organización de un 20% por la transferencia de los cursos a otras empresas.

Antes de que Faisem pidiera licencia para querellarse, la juez hizo una severa advertencia al afirmar que no iba "a consentir" presiones o coacciones al testigo.

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