Una de cal y otra de arena. O por la calle de en medio. Ni para unos ni para la otra. El auto de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) por el que encausa, entre otros, a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no supone un varapalo para la juez instructora Mercedes Alaya, aunque sí corrige un defecto en el que viene incurriendo desde hace dos años y medio: la conversión de la causa de los ERE en una macrocausa inmanejable que se debía haber escindido hace tiempo. Al menos, en lo que ella denomina, y el Supremo hace propio, la ideación del sistema; es decir, el diseño del conjunto de ayudas sociolaborales y empresas que la Junta comenzó a conceder en el año 2000.

Por otra parte, la decisión del TS tampoco es un varapalo para los ex presidentes, ya que el tribunal se ha cuidado mucho de imputarles delito alguno, aunque no ha hecho lo que se creía hace un año, y es que, al menos en sus casos, la causa quedaría archivada sin necesidad de que ellos fuesen a declarar. Finalmente, Chaves, presidente de la Junta durante 19 años, ex presidente federal del PSOE, y Griñán, que le relevó en los mismo cargos aunque por un tiempo menor, de cuatro años, declararán voluntariamente, aunque con abogado, por un caso que abrió la juez Alaya hace cuatro años.

Ahora cambia el juez, posiblemente la mejor garantía para que la investigación penal a la cúpula de la Junta durante toda una década se aparte del ambiente electrizado de Sevilla y del juzgado de Alaya. Esta es una guía para entender qué puede ocurrir a partir de ahora a través del auto que firmó el TS el jueves pasado, aunque antes cabe hacer una consideración: de lo que se trata es de marcar las responsabilidades penales, no las políticas. Para algunos, éstas últimas quedaron sancionadas con las dimisiones: entre ellas, las de Griñán. Ninguna persona imputada o relacionada con el caso de los ERE ocupa puestos en el Gobierno andaluz. Para muchos, el hecho de que Chaves tenga un escaño en el Congreso, Griñán otro en el Senado, y varios de sus ex colaboradores en una y otra Cámara, indica que las responsabilidades no han sido del todo depuradas.

El único organismo que pudo dilucidarla, la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz, acabó con la ridícula conclusión de que el único responsable político fue el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

La ideación . Alaya envió a la cárcel al ex consejero Antonio Fernández la primera noche de la Feria de Sevilla de 2012. En el auto de encarcelamiento habla por primera vez de la participación de los "superiores" del ex consejero de Empleo en la ideación del sistema. Ese fue el primer auto en la que la juez apuntaba de modo directo a los ex presidentes de la Junta, ya que Fernández, como consejero, sólo tenía un superior en el Ejecutivo: o Chaves, hasta la Semana Santa de 2009, o Griñán, hasta el día en que lo destituyó en una crisis que se extendió por varias consejerías.

Desde ese abril de 2012, la juez ha sostenido que el fraude de los ERE se extendía hacia lo más alto de la Junta, ya que el sistema fue orquestado por el Gobierno autonómico para beneficiar a personas cercanas al PSOE, a los sindicatos y a las aseguradoras con el interés del propio lucro o de seguir ganando elecciones. Esta es la tesis de Alaya, la de una confabulación. Por eso, desde que la reveló, tanto el PSOE como la Junta, o como la propia Fiscalía Anticorrupción, solicitaron que el caso pasase al Supremo, ya que la investigación de la instructora se cernía sobre personas que eran aforadas. Alaya mantuvo la tesis contraria, que era imposible dividir la causa porque todos estaban interconectados, uno llevaba a otro. El 10 de septiembre de 2013, el mismo día que Susana Díaz tomó posesión como presidenta de la Junta, Alaya preimputó a sus antecesores en el cargo, pero aún así, tampoco envió el caso al TS, lo hizo el verano de 2014.

La tesis de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, asumida por la del Supremo y por la sala de lo Penal de este tribunal, es la contraria a la de Alaya: que la ideación y el diseño del sistema, así como el mantenimiento de las ayudas, debe constituir un sólo caso, distinto al de la ejecución administrativa y material, sobre la que el Ministerio Público sostiene que sólo intervenía la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y después la Agencia Idea.

En su auto del miércoles, el Supremo afirma que "resulta indiciariamente que en el ámbito de la Junta, concretamente desde la Consejería de Empleo, se organizó un sistema (…) para hacer efectivos pagos sin sujetarse al procedimiento y a los controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas". Es decir, que el Supremo contempla la versión, el indicio, de que, efectivamente, se ideó un sistema para sortear los controles, aunque en esta valoración inicial no habla de una maquinación de toda la dirección de la Junta como sí hizo Alaya. Es más, subraya que la idea procedía de Empleo.

El objeto de la investigación que ahora abre el Supremo se centra, por tanto, en averiguar si se cometió uno delito o varios delitos a la hora de diseñar un sistema de ayudas y, en ese caso, señalar a quiénes pudieron cometerlos. Los investigados son los apuntados por la juez: los dos ex presidentes, Chaves y Griñán ; el diputado José Antonio Viera, ex consejero de Empleo, y la senadora María del Mar Moreno, que ocupó el cargo de consejera de Presidencia una vez que ya se había destapado el caso.

El ámbito. Aunque el caso de los ERE se destapó por el fraude de los intrusos; es decir, por las personas que cobraban ayudas sociolaborales sin haber trabajado en las empresas afectadas, la investigación se extiende a la participación de los aforados en todo el sistema que concedió ayudas desde el año 2000 hasta octubre de 2012 por valor de 855 millones de euros. En su auto, el Supremo atiende a lo que Alaya mantiene a este respecto: que las ayudas se daban sin control, "sin más soporte que su propia decisión", en referencia a la Consejería de Empleo, y a pesar de que los informes de cumplimiento emitidos por la Intervención General de la Junta entre los años 2003 a 2008 fueron comunicados a la Consejería de Hacienda y la de Empleo "sin que se produjera alteración alguna en el modo de proceder". "Ello permitía -explica el Supremo- la absoluta discrecionalidad en el uso de los fondos".

Los delitos. Los hechos que el Supremo criba de la exposición que Alaya relató en su exposición razonada pueden ser constitutivos, según la sala de este tribunal, de dos delitos: los de prevaricación y de malversación de fondos. No contempla el de tráfico de influencias, que sí fue descrito por Alaya. Ahora bien, el Supremo se cuida de imputar los delitos a los aforados, pero sostiene, como hace la juez, que es "imprescindible" continuar la investigación debido bien a la "posición alta y de especial responsabilidad política" de algunos, bien a su actuación en acciones concretas para mantener el sistema o ejecutarlo.

El TS entiende que sólo debe investigar a los aforados en el Congreso y en el Senado, por lo que debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el que se haga cargo de los parlamentarios autonómicos Manuel Recio, Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo.

El juez. El magistrado Jorge Alberto Barreiro sustituye a partir de ahora a la juez Alaya en todo lo que se refiere a la causa contra la dirección de la Junta por el caso de los ERE. Está considerado un juez serio, trabajador y refractario a las presiones. Será él quien tome la decisión de imputar si en el curso de la investigación aprecia indicios de delitos de algunos de los aforados y el que, llegado el caso, actúe procesalmente contra ellos. No obstante, antes de inculpar, procesar o adoptar cualquier medida cautelar, deberá consultarlo con la Sala de lo Penal, ya que será ésta la que pida el suplicatorio al Congreso o al Senado. En el caso del ex ministro José Blanco, el instructor solicitó un procesamiento al que se negó la Sala.

Los ex presidentes y los otros tres ex consejeros declararán ante él de modo voluntario. Los cinco, no obstante, lo harán junto a sus respectivos abogados, por lo que acudirán como imputados aunque no se les acuse de un delito en concreto. A partir de estas declaraciones, el juez podrá tomar una decisión que sí incumbirá tanto al PSOE como a las Cámaras. Susana Díaz mantiene que solicitará el acta de los aforados en el momento en que éstos sean imputados de algún delito.

Los documentos. A diferencia de las responsabilidades políticas, las penales necesitan de hechos probatorios. En la exposición razonada que la juez Alaya envió al Tribunal Supremo hay claras lagunas acusatorias contra algunos de los aforados. Sobre Chaves, por ejemplo, no se apunta nada: ni un documento, ni una declaración acusatoria, ni una firma, sólo la suposición de que, al ser presidente, debía conocer un sistema que se prolongó durante diez años. El diseño, sin embargo, cuenta con dos documentos, y uno de ellos ha estado respaldado por el Parlamento andaluz, es la ley de Presupuestos que se aprobaba todos los años y en el que se incluía la partida 31L. Tras unos pasos arriesgados, en los que Alaya quiso saber la composición de la mesa de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz, la instructora se cuidó de tomar decisiones que supusieran una injerencia del poder judicial en el legislativo. En su escrito ante el Supremo, consciente de que el Parlamento avalaba parte del funcionamiento, sostuvo que los parlamentarios no tenían el conocimiento técnico suficiente como para darse cuenta de la ilegalidad de estas ayudas, un argumento pueril que evidencia los atrevidos caminos que ha seguido la instructora.

Sí es clave el acuerdo que inaugura el sistema de ayudas, de julio de 2001, y que fue firmado por uno de los aforados, el ex consejero de Trabajo, José Antonio Viera. Fue él y su viceconsejero de entonces, Antonio Fernández, quienes suscribieron un convenio entre Trabajo y el IFA, que pertenecía a la misma Consejería, para transferir dinero de un departamento a otro, de tal modo que uno aprobaba la ayuda y el otro entregaba el dinero. Se conseguía, así, mayor agilidad, pero también impedía que hubiese una fiscalización previa de las ayudas. Al final, el sistema se convirtió en un agujero negro en el seno de la Junta, donde la única justificación de las ayudas se encontraba en posesión del director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. En este sentido, Viera, actual diputado, es de todos los aforados el que mayores posibilidades tiene de ser imputado.

Hay otros documentos comprometedores, que pueden afectar al futuro de los dirigentes de la Consejería de Hacienda: a José Antonio Griñán y a la que entonces era su viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo. Son los informes de cumplimiento que redactó el interventor general de la Junta Manuel Gómez. En ellos alertaba de que el recorrido empleado, el de las transferencias de financiación de la Consejería al IFA, no era el correcto y que, además, todo se hacía al margen de procedimientos administrativos. Gómez envío estos documentos a Hacienda y Empleo, sin que se corrigiese nada, como así hace constar el mismo Supremo, pero nunca lo elevó al Consejo de Gobierno, lo que hubiese obligado a reaccionar.

Con todos estos elementos, el juez iniciará la mayor causa nunca abierta a la cúpula de la Junta de Andalucía durante un decenio.