El papa Francisco puede decidir personalmente el futuro para los sacerdotes supuestamente implicados en el caso de abusos sexuales a un menor, según establece el Derecho Canónico. Hasta el momento, tres sacerdotes han sido apartados de sus funciones de forma cautelar por el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, siguiendo las indicaciones del Vaticano, que tuvo noticia de los hechos a través de una carta enviada por la presunta víctima. Aparte de la vía judicial, ahora se abre también un proceso canónico según el cual, el papa Francisco podría decidir las penas de los sacerdotes implicados.

Así lo indicó ayer el catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra José Bernal, que explicó cómo es el proceso que la Iglesia católica pone en marcha ante un supuesto caso de abusos sexuales a menores. "Cuando se tiene noticia el obispo de la diócesis afectada inicia una investigación para comprobar si la denuncia es verosímil", resaltó. Si la denuncia tiene fundamento, el obispo recoge el material disponible y lo envía a Roma, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la encargada de estudiar el caso. Este órgano decide si se abre un proceso judicial, un proceso administrativo o si eleva el caso al Romano Pontífice para que él decida.

No obstante, una vez que se tiene noticia de los supuestos abusos, la doctrina de la Iglesia contempla la adopción de medidas cautelares, como apartar al sacerdote. En el caso de que se abra un proceso judicial o administrativo, lo normal es que la Congregación transmita su decisión al obispo y que él mismo dirija ese proceso.