La juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en los cursos de formación, ha vuelto a blindar a su testigo protegido del caso, el jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, Teodoro Montes, al abortar la querella por injurias y calumnias del sindicato CCOO antes de que la misma pueda presentarse por esta organización.

La magistrada ha dictado un nuevo auto en el que, "para salvaguardar el testimonio" de Teodoro Montes, deniega la licencia para deducir una acción de calumnias o injurias contra este testigo por parte de CCOO "ni por ninguna otra que haya resultado tangencialmente mencionada en su declaración judicial".

La decisión de Alaya se produce después de que Teodoro Montes compareciera en el juzgado el pasado 20 de noviembre para comunicar que había sido citado el próximo 3 de diciembre a un acto de conciliación previo a la presentación de la querella por parte de CCOO, que solicitaba al testigo que reconociera que eran "inciertas y falsas" las manifestaciones realizadas en torno a las comisiones del 20% que el denunciante aseguró que cobraron los sindicatos en relación con los cursos de formación, entre otras afirmaciones que el sindicato considera delictivas. CCOO pide para ese acto de conciliación que el testigo se retracte de tales manifestaciones y que su rectificación se publique en los medios de comunicación.

En el auto dictado ahora, Alaya sostiene en primer lugar que CCOO se equivoca al plantear una querella por injurias y calumnias, dado que a su juicio la calificación adecuada de los hechos sería la de acusación o denuncia falsa, pues los hechos que el sindicato reprocha al testigo se habrían producido en el contexto propio de la "denuncia ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación". Alaya considera que, según este delito, la imputación del hecho que sería constitutivo de infracción penal "debe realizarse por el autor con voluntad de faltar a la verdad, requisito que no se cumple en este caso pues el afán del testigo es denunciar unos hechos que él estima reales, porque los ha visto y vivido, señalando al respecto el Tribunal Supremo que no se cumple el tipo cuando el sujeto denuncia unos determinados hechos creyendo que son constitutivos de una infracción penal y posteriormente resulte que objetivamente no merecen tal calificación".

En cualquier caso, Alaya hace hincapié en que "lo verdaderamente relevante en estos momentos es que falta el requisito de procedibilidad para ejercitar la acción penal contra Montes", puesto que la ley establece que "no podrá procederse contra el denunciante o acusado sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del juez o tribunal que haya conocido de la infracción imputada".

En el caso de CCOO, la instructora señala que la solicitud de licencia es "irrelevante" porque la acción que podría ejercer es la derivada de la acusación o denuncia falsa "cuando el presente procedimiento concluya" y además, en cualquier caso, "examinada la trascendencia, significado e intención de las manifestaciones efectuadas por el testigo, se vuelve a insistir en que no se aprecia en el mismo, dentro de los prudentes márgenes de discrecionalidad que la jurisprudencia permite en estos casos, atisbo alguno de dolo falsario, es decir, que sus manifestaciones se hayan realizado con expreso conocimiento de la falsedad de las mismas, sino en virtud de las experiencias que le ha proporcionado su larga trayectoria en el área de formación, y en concreto del resultado de algunas de las visitas efectuadas por él mismo y en el ejercicio de sus competencias".

En octubre pasado, Alaya rechazó la "licencia" que solicitó la Fundación Pública Andaluza Para la Integración de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) para querellarse contra el testigo clave.