Los propietarios de viviendas con uso turístico se han hartado de ser presentados ante la sociedad como los malos de la película, como los que promueven la economía sumergida y están poniendo en peligro a los establecimientos turísticos reglados. Más de un centenar de ellos se reunieron ayer en Málaga -precisamente en un hotel- para desarrollar una convención andaluza y reclamar seguridad jurídica para que se les saque del "limbo de la alegalidad" en la que se encuentran. "No somos ilegales sino que fuimos dejados de nombrar por la ley y eso nos convirtió, de pronto, en un sector alegal", indicó Hilario Echevarría, presidente de la Asociación de Viviendas Vacacionales de Andalucía (Apartsur), una entidad que fue creada hace tres años y que cuenta con unos 200 socios.

Las viviendas de uso turístico son inmuebles alquilados a turistas por sus propietarios durante un tiempo indeterminado -lo más habitual es una semana-. Normalmente, el dueño les entrega la llave a los usuarios, unas toallas y poco más. No son hoteles ni apartamentos turísticos, por lo que no están sujetos a las exigencias que tienen éstos. Por su parte, los hoteleros denuncian que estas viviendas les hacen competencia desleal y que no están sujetos a los mismos controles fiscales, de seguridad, servicios, sanitarios que ellos deben soportar.

La postura de los propietarios de los pisos es distinta. "Los hoteleros manipulan. Yo tengo limpiadoras en los apartamentos, así como personal de distribución, marketing y un gestor. Estoy generando empleo, tengo todo dado de alta y declarado y ya he tenido dos inspecciones de la Seguridad Social", afirmó Echevarría.

La situación cambiará en los próximos meses. La Junta está desarrollando una nueva ley cuyo borrador prevé retornar estas viviendas a la legalidad vigente. "Queremos claridad, seguridad jurídica y poder concentrarnos en nuestros negocios", destacó Pablo Zubicaray, presidente de la Federación de Viviendas Turísticas Española (Fevitur).

El alquiler de viviendas para uso turístico suele ser motivo de fricción no solo en España sino en todo el mundo, dado el importante volumen de dinero que mueve. En Andalucía ha generado un impacto económico de 1.989 millones de euros en los últimos tres años, de los cuales 1.136 millones de euros han ido a parar al gasto indirecto en comercios o restaurantes, según los datos recogidos en el Primer Barómetro del Alquiler Vacacional en Andalucía elaborado por el portal Homeaway y la Universidad de Salamanca y que fue presentado ayer en Málaga.