La juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en las subvenciones concedidas para los cursos de formación, ha rectificado su decisión de arrebatar a la Policía Nacional la investigación y entregarse a la Guardia Civil, en un auto en el que asegura que en el oficio que envió en su día al director general de la Policía, José Ignacio Cosidó, restringió la orden para que no interviniera este cuerpo policial únicamente al procedimiento que se investiga en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y no a otras que ya estén siendo investigadas por otros juzgados andaluces.

En un auto que tiene fecha del pasado lunes, la juez Mercedes Alaya ha desestimado el recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción, en el que había pedido a la instructora que se "complemente" el requerimiento efectuado al director general de la Policía en el sentido de que "solamente se extienda a aquellas investigaciones objeto del presente procedimiento" el cese inmediato de las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y "no a aquellas que se desarrollan en cada provincia bajo la suprema autoridad de los respectivos órganos judiciales".

Esta petición, dice ahora Alaya, es "innecesaria" porque en el oficio remitido al máximo responsable de la Policía se ordenaba a la dirección general que se den las "órdenes oportunas a las fuerzas dependientes de su cargo para que cesen de inmediato en cuantas diligencias de investigación policial hayan o estén realizando y no estén judicializadas, debiendo hacer entrega inmediata de lo actuado que guarde relación con las presentes a este juzgado".

La magistrada aclara, a continuación, que "resulta una obviedad" que ella "no creyó necesario subrayar en el auto impugnado, que el cese ordenado de las actuaciones de la Policía se refería exclusivamente a lo que eran diligencias de investigación policiales referidas al objeto descrito en la citada resolución de la presente causa, no a las que ya fueran competencia de cualquier otro juzgado, pues vuelve esta instructora a insistir que es claro que si fuera necesario reclamar la competencia sobre el conocimiento de determinados hechos a cualquier juzgado se acudiría al trámite procesal de las cuestiones de competencia legalmente" previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y "no al oficio reseñado, que no olvidemos va dirigido a la Policía Nacional en la persona de su director general y no a ningún juez o tribunal".

Alaya también rechaza la segunda petición que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, para que la instructora "exija igualmente la coordinación al debido nivel entre ambos cuerpos [Policía y Guardia Civil] en lo que al objeto procesal de estas investigaciones se refiere y siempre en aras al buen fin de la investigación, tanto en las actuaciones ya practicadas como en las que pudieran realizarse en el futuro".

A este respecto, la juez asevera que el propio Ministerio Público es "consciente de la imposibilidad de esa coordinación", pues en términos de eficacia "que es lo que verdaderamente importa, lo único que obtendríamos en la fase de instrucción en la que nos encontramos serían investigaciones parciales, y peor aún seriamente afectadas por la investigación concurrente del otro Cuerpo, como ya ha ocurrido en la investigación de las empresas de Ángel Ojeda, viéndose finalmente comprometido el éxito de la investigación", argumenta Alaya en alusión a la detención a principios de agosto pasado del ex consejero de Hacienda por parte de la Udef.

La juez prosigue diciendo que, aunque no se pueden predecir las necesidades de investigación en un futuro, en estos momentos de comienzo, "donde la unidireccionalidad de criterios y decisiones es crucial, resulta absolutamente desaconsejable y por ende improcedente la intervención coordinada de ambos Cuerpos policiales, coordinación que en cambio sí se va a mantener con otros cuerpos de la Administración de Estado como la Agencia Tributaria, Intervención General del Estado y Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social".

Por todo ello, Alaya desestima el recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción, aunque como este recurso se planteó de forma subsidiaria, será finalmente la Audiencia de Sevilla la que tenga la última palabra en relación con las peticiones del Ministerio Público.

La Fiscalía recordaba en su recurso que, de forma paralela a la investigación abierta por Alaya –cuya competencia ha cuestionado la Junta de Andalucía, que ha planteado un incidente de nulidad-, y en los meses "anteriores se han venido desarrollando investigaciones por la Brigada Central de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía en la llamada operación Edu, donde se ponían de manifiesto igualmente irregularidades en la concesión, gestión y justificación de estos fondos". Estas diligencias, en principio de la Fiscalía de Málaga, quedaron divididas en distintos procedimientos y fueron turnadas y remitidas a fiscalías y juzgados de las distintas provincias andaluzas.

La Fiscalía señalaba que en estas investigaciones provinciales –donde se indagan las irregularidades en expedientes acordados por las distintas delegaciones del Servicio Andaluz de Empleo- es donde está actuando la UDEF de la Policía Nacional, por lo que estas diligencias instruidas en distintos juzgados de la comunidad "no pueden tener el mismo ámbito, que las actuales, donde se investiga prevaricación, malversación y fraude de subvenciones en el seno de la Dirección General de Formación" de la Junta. 

El fiscal reconocía que estas otras investigaciones distintas a las de Alaya "pueden tener un punto coincidente, consistente en un grupo de subvenciones, que bajo el nexo común de la persona, ente o grupo beneficiado, pueda haber percibido subvenciones de distintos programas, unos de la Dirección General y otros de la Delegación Provincial", pero en ese caso y por el criterio de "conexidad" que establece el art. 17.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "se deberá atender a aquel órgano que investigue delito al que se le asigne pena mayor o en su caso al primero que abriera las diligencias según el artículo 18”, asevera el recurso de la Fiscalía. Este caso se produciría con el grupo de empresas de Ángel Ojeda, que “parecen haber sido beneficiarios de subvenciones de distintos programas, tanto de la dirección general como de las delegaciones provinciales".

En cualquier caso, la Fiscalía aclara que "compartiendo el criterio de la instructora de que no pueden existir dos investigaciones paralelas realizadas por ambos cuerpos, bajo el amparo de cese de investigaciones de la UDEF acordada por su señoría en el auto impugnado, no pueden encontrarse aquellas que legítimamente se encuentran en proceso de investigaciones en otros órganos competentes".

A principios de octubre pasado la Policía comenzó a interrogar a unas 3.000 personas –entre alumnos, profesores y otros testigos que pueden contribuir a esclarecer los hechos- en distintas provincias andaluzas en el marco de la investigación de la denominada Operación Edu, sobre el presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación para desempleados concedidas por la Junta de Andalucía. 

Alaya abortó en aquel auto la actuación de la Policía y dejaba la investigación en manos de la UCO, la unidad de su confianza y con la que trabaja desde hace años en el caso de los ERE fraudulentos, todo ello con el argumento de que se está poniendo "en peligro serio la presente investigación y su éxito, además de invadir ilegítimamente parcelas de investigación que le son ajenas".

Alaya explicaba que la UCO puso de manifiesto que la Policía seguía actuando en diferentes lugares de Andalucía, tomando testimonio en lo relativo a la investigación que lleva el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y "expresando gran inquietud por el éxito de la investigación al invadirse la misma". Alaya constataba en su resolución que la Policía sigue actuando, tomando declaraciones y recogiendo documentación, y recordaba la detención, en agosto pasado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, una causa que al final ha sido remitida por el juzgado de Cádiz a Alaya. 

La instructora señala que la Policía actuó en un asunto que "era objeto de investigación" por parte de su juzgado y eso tuvo “consecuencias indeseables de pérdida de oportunidad, de dispersión de documentación, y de actuación inadecuada difícilmente recuperable”, por lo que insiste en el registro de poner en peligro las investigaciones sobre los cursos de formación.