El caso Errejón salpica la campaña electoral. La Universidad de Málaga (UMA) no ha esperado a que pase la contienda del 22-M y el responsable de la Secretaría Política de Podemos ha quedado inhabilitado para futuros contratos con la institución. A esta determinación ha llegado el instructor del expediente disciplinario abierto por la Universidad de Málaga (UMA), que ha propuesto la inhabilitación de Errejón para que ésta pueda optar en el futuro a un contrato de similares características al que tuvo hasta el pasado 16 de diciembre y cuyas condiciones vulneró. Según consta en el pliego de cargos, remitido al afectado el día 3 de marzo, la sanción se fundamenta en el incumplimiento de las condiciones de trabajo acordadas, que contemplaban 40 horas semanales a cumplir en el centro en el que se desarrollaba la investigación por un salario bruto de 1.824 euros.

Errejón se apresuró ayer mismo a difundir que recurrirá la decisión de la UMA de inhabilitarle. El dirigente de Podemos cuentacuenta con un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones. Tras conocerse la propuesta presentada por la inspección técnica de la universidad, Errejón mostró su intención de hacerlo y aseguró que el pliego recoge, como ya reconoció, que cometió "un error" al no haber pedido "por escrito, sino sólo verbalmente" la autorización para poder llevar a cabo su investigación desde Madrid. Errejón celebró que en el documento "no se ponga en cuestión" su trabajo en el proyecto La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda, financiado por la Consejería de Fomento y Vivienda cuando este departamento estaba contralado por IU, ex socio del PSOE en el Ejecutivo autonómico.

El número dos de Podemos recalcó que prefiere pensar que las decisiones adoptadas por las instituciones públicas involucradas en este asunto no se vean influidas por "intereses políticos", dado que, en esta ocasión, se han difundido coincidiendo con el inicio de la campaña andaluza. "Han resuelto en una fecha un tanto significativa después de varios meses y varios retrasos", comentó Errejón.

También el responsable del proyecto de investigación, Alberto Montero, en el que el dirigente de Podemos colaboraba se ha visto salpicado. La UMA, que también le abrió un expediente disciplinario, ahora propone en el pliego de cargos una sanción en forma de apercibimiento tras haber incurrido en una falta leve por, supuestamente, no haber controlado el trabajo del ayudante que expresamente había solicitado. Su voluntad, es alegar y, una vez que conozca cuál es la resolución definitiva, decidirá si recurre o no a la vía judicial. "Es un procedimiento abierto. No hay nada absolutamente cerrado. De hecho, ahora es cuando puedo defenderme", señaló el docente, que, aunque rehusó pronunciarse sobre el momento en el que la propuesta ha trascendido, aseveró que "cualquiera puede valorar los tiempos y el día en que se hace pública".

El profesor mantiene, al igual que ya declaró al ser expedientado, que siempre ha actuado "de buena fe" y, para justificarlo, se refirió a los "elementos atenuantes" que aparecen en el pliego de cargos y que reflejan que efectivamente había operado de este modo. A comienzos de diciembre, mientras se sustanciaba la investigación, la UMA abrió un expediente disciplinario a Errejón y lo suspendió cautelarmente de empleo y sueldo. Fue entonces cuando el político denunció una "cacería" contra Podemos. También se decretaba la apertura de otro expediente a Montero por haber podido incurrir en dejación de las responsabilidades que se le exigían como director del proyecto. En este sentido, cabe recordar que la Junta de Andalucía se pronunció en contra de continuar con el expediente, alegando que los trabajos previstos se estaban cumpliendo.

Entre los documentos aportados en un pendrive por el investigador principal como prueba de la labor realizada, había "ficheros con fecha de última modificación anterior al día en que Errejón fue contratado", tal y como constaba en el escrito que el instructor elevó a la rectora. A su juicio, la autorización verbal que éste obtuvo para investigar desde Madrid era "contraria a una buena práctica administrativa que exige su constancia y concreción por escrito".