Fraude en la formación

En libertad con cargos cinco ex delegados provinciales de Empleo

  • Se eleva a 14 el número de detenidos que quedan libre, aunque a cuatro la Fiscalía Anticorrupción les ha pedido una fianza civil

La juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los cursos de formación, ha puesto en libertad esta noche a otros cinco ex delegados de provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y de Empleo, después de que se hayan acogido a su derecho a no declarar ante la magistrada, según han confirmado fuentes judiciales. Se trata de Antonio Rivas, ex delegado de Empleo en Sevilla; Antonio Fernández Ramírez, ex delegado en Córdoba; a Juan Manuel Bouza Mena, ex delegado en Cádiz; Juan Carlos Lomeña, ex delegado en Málaga; y Eduardo Manuel Muñoz García, ex delegado en Huelva y que fue cesado este martes una vez que se conoció su detención en el marco de la operación Barrado.

Uno de los últimos en quedar libre ha sido el gerente del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas (Málaga), José Gutiérrez Muñoz, a quien la Fiscalía Anticorrupción ha pedido más de seis millones de euros de fianza de responsabilidad civil, aunque Alaya aún no se ha pronunciado sobre la misma.

Con esta decisión, ya son 14 de los 16 detenidos los que han quedado en libertad provisional, después de que la juez Alaya decretara la misma decisión respecto a las ocho mujeres que han sido detenidas en el marco de la operación contra el fraude en los cursos de formación y a las que se atribuyen delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

Alaya ha dejado en libertad en las últimas horas a las ex directoras generales de Formación Teresa Florido y María José Lara; a las ex delegadas de Empleo en Sevilla, Aurora Cosano; Granada, Marina Martín Jiménez; Almería, Francisca Pérez Laborda; y Jaén, Irene Sabalete Ortega. La lista se completa con la ex directora del Consorcio Centro Andaluz de Formación Profesional para el Desarrollo Sostenible (Formades) de Almonte (Huelva) Ana María Orihuela; y la presidenta de la UTE gestora de CIOMIJAS, María de la O Ustarán.

Sólo a cuatro de los detenidos, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imposición de medidas cautelares reales, en este caso, fianzas de responsabilidad civil de más de seis millones para María de la O Ustarán y José Gutiérrez Muñoz, de más de un millón para María José Lara, y también pidió una fianza civil para María José Lara cuya cuantía no ha trascendido.

Mañana pasarán a disposición judicial los dos últimos detenidos: el ex director general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes, y el ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez.

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