El que fuera interventor general de la Junta entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez, solicitará al instructor del Tribunal Supremo que le tome declaración después de que los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves hayan desviado su “evidente responsabilidad en el fraude” hacia los interventores de la Junta.

Para Manuel Gómez, que está imputado en la causa de los ERE por la juez Mercedes Alaya, la conducta de los dos ex presidentes es “una indignidad” desde varios puntos de vista. En primer lugar, porque a su juicio actúan “embozados bajo el inicuo aforamiento tras el que se esconden, sin que los aludidos” puedan responder a las acusaciones.

En segundo lugar, porque es “indecente desviar hacia los inferiores la responsabilidad por actos propios. Y, en tercer lugar, porque las acusaciones están basadas en un cúmulo de invenciones que es preciso delatar”, asegura el ex interventor en un comunicado remitido a este periódico.

“Después de conocer el contenido de las declaraciones de quienes han presidido la Junta de Andalucía en los últimos 25 años me siento tan avergonzado de ser andaluz que, si fuera legalmente posible, pediría de inmediato mi desnaturalización”.

En el asunto de los ERE, el Gobierno andaluz, con respaldo de la mayoría del Parlamento y asistiendo como “espectador mudo” la Cámara de Cuentas de Andalucía, “actuó como el alcalde que decide apagar todos los semáforos de la avenida, con el presunto propósito de mejorar la fluidez del tráfico. Ahora, el Alcalde niega que él apagara los semáforos y pretende desviar su responsabilidad por los muertos en accidente hacia la policía de tráfico. Cuanto más insiste el alcalde en ello más parece que el motivo de la medida no fue la fluidez del tráfico, sino permitir la huida de los ladrones con más facilidad”, explica Manuel Gómez.

El ex interventor pone como ejemplo una segunda alegoría que representa, a su juicio, lo que ha ocurrido: “el Gobierno de la Junta de Andalucía, con respaldo de la mayoría del Parlamento, al aprobar el Programa presupuestario con el que se financiaban los ERE, echó a rodar cada año un automóvil sin frenos. Y, como señaló Griñán en la Comisión de Investigación del Parlamento, a él no le importaba que el coche circulara sin frenos, porque el coche no era suyo. Ahora parece que el coche era del interventor”.

Este “suspiro” por el interventor que exhalan los ex presidentes en sus declaraciones ante el Tribunal Supremo, “lo que de verdad pone de manifiesto es que no necesitaban un interventor. Lo que realmente habrían necesitado es un tutor que, como a los menores de edad, supliera su falta de capacidad y competencia, en las diversas acepciones de ambos términos. O, mejor aún. Lo que habrían necesitado es un ángel de la guarda, que velara sus sueños de incuria y abandono”, concluye el ex interventor general de la Junta.