ANDALUCÍA necesita un marco presupuestario favorable a la actividad productiva y a su desarrollo. El Presupuesto anual de la comunidad autónoma es un instrumento básico y principal de la acción de Gobierno, pues a través de él se dotan las diferentes medidas de la política económica y social de la que es competente la Junta de Andalucía.

Cada año el Presupuesto regional debe contribuir a crear y mantener entornos de certidumbre para la sociedad andaluza y en especial entre quienes invierten o quieran arriesgar su patrimonio y sus esfuerzos en Andalucía, propiciando un clima de seguridad, confianza y credibilidad que favorezca el desarrollo empresarial y, en consecuencia, el progreso económico a futuro de nuestra región.

El Presupuesto de la Junta debe incorporar medidas concretas que aumenten su compromiso con el tejido productivo y empresarial de la región, o dicho de otra forma, las políticas de gasto del Presupuesto deben orientarse en mayor medida a ayudar a obtener un crecimiento económico regional sostenido y sostenible, que haga posible crear riqueza y empleo a ritmos superiores a los registrados en nuestro entorno económico y, con ello, acelerar nuestra convergencia en el contexto de las regiones de Europa.

La magnitud del Presupuesto de la comunidad autónoma, que supera los 30.000 millones de euros anuales, debe cualificarse para que contribuya a impulsar el desarrollo económico y empresarial, y no sólo mediante el estímulo de la demanda de nuestros productos y servicios, sino especialmente desde el fortalecimiento y la modernización de nuestra oferta productiva regional en un contexto creciente de internacionalización y globalización.

Por tanto, su tramitación y aprobación debe ser un asunto prioritario para las fuerzas políticas, a las que hay que pedirles un ejercicio de responsabilidad para se centren en algo tan importante para los andaluces.

Respecto a su contenido para el ejercicio de 2016, consideramos que debe pivotar sobre tres grandes ejes principales de actuación. Primero, hay que actuar para mejorar la eficiencia del factor institucional, optimizando la ejecución y gestión, mejorando la agilidad del aparato burocrático de la Administración y limitando en lo posible la participación directa del sector público en la actividad productiva.

El segundo eje de actuación pasa por el impulso a la acción concertada en política económica, reforzando aquellos instrumentos que posibilitan la participación institucional y asignando los recursos presupuestarios en la medida en que se hayan comprometido en los acuerdos alcanzados en procesos de diálogo social, presentes y futuros.

En tercer lugar, habrá que reforzar los programas específicos que favorezcan la convergencia de Andalucía con las regiones de la Unión Europa, mediante actuaciones dirigidas a apoyar y mejorar nuestra estructura productiva y nuestra competitividad empresarial.

Por otra parte, hay que dar un giro a los programas anuales de inversión que se dirigen a mejorar y modernizar nuestro sistema productivo, pues éstos, desde 2009, se han recortado en más de 2.400 millones de euros, y afectan a cuestiones tan vitales para Andalucía como el desarrollo industrial, la agroindustria, la promoción turística, el comercio, la internacionalización o el emprendimiento.

No hay que olvidar las políticas presupuestarias que, desde una perspectiva horizontal, afectan a numerosos aspectos de la vida de las empresas y la actividad productiva, como la necesidad de armonizar la fiscalidad andaluza con otros territorios y reducir la presión fiscal ejercida sobre la actividad productiva, los profesionales y autónomos, y las empresas de Andalucía.

Habrá que incrementar el esfuerzo inversor público andaluz en infraestructuras productivas: transporte, hidráulicas, de telecomunicaciones, energéticas, etcétera. El esfuerzo inversor público regional se sitúa ahora en el 2,2% del PIB, hay que ir retornado hacia registros más próximos a lo que hubo antes de la crisis (en 2009 fue del 5,2% del PIB).

También hay que fomentar la inversión empresarial y potenciar instrumentos para la mejora del acceso a la financiación ajena, como las sociedades de capital riesgo y las sociedades de garantía recíproca. Asimismo, hay que incentivar la formación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el seno de nuestras empresas, en especial en el ámbito de la adquisición de una mayor fortaleza y dimensión de las mismas; aumentar y mejorar la coordinación de los recursos públicos destinados a promocionar y favorecer la internacionalización de la empresa andaluza, dejar mayor margen para la participación empresarial en los proyectos de cooperación al desarrollo, estimular la concurrencia competitiva y luchar contra la economía irregular.

Sin duda, teniendo en cuenta las prioridades que aquí se plantean en el Presupuesto anual de la comunidad autónoma andaluza, se estará materializando los presupuestos que necesitan las empresas andaluzas, que son los que también necesitan los ciudadanos andaluces,puesto que la empresa es y debe seguir siendo la protagonista de la recuperación y de la generación de empleo.