La Junta de Andalucía deberá indemnizar a una periodista de la Oficina del Portavoz a la que despidió a finales de 2012 en un recorte de plantilla. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestima el recurso de suplicación interpuesto por la Junta contra la sentencia de un juzgado de lo social de Sevilla que dio la razón a la demandada, a la que deberá indemnizar con unos 72.000 euros.

El TSJA condena a la Junta al estimar que el despido fue improcedente y rechaza el argumento de que la relación contractual era como personal eventual para labores de asesoramiento especial o de confianza. La periodista alegó que desde 1991 siempre ha estado adscrita a la Oficina del Portavoz y ha desarrollado sus funciones bajo las órdenes de quienes han ejercido como directores sin recibir órdenes ni directrices de los consejeros de la Presidencia, con los que no ha tenido relación.

El TSJA valida todos sus argumentos: da por acreditado que las funciones que realizaba "en modo alguno pueden considerarse de confianza y asesoramiento especial"; entiende que, más que un cargo de libre designación, se trata más bien de un técnico de documentación, y no encuentra en los Presupuestos la partida de gasto para eventuales en la Oficina del Portavoz (la Junta los recoge como "puestos singularizados").

El TSJA va más alla de las causas del despido y entiende que "el nombramiento como personal eventual se hizo de forma irregular". Las tareas de este personal deberían estar desempeñadas por personal laboral y no reguladas por contrataciones de eventuales, según el convenio colectivo.

La Junta no presentó recurso de casación y accedió a las pretensiones de la demandante. En la actualidad prestan servicios en este centro 49 periodistas.