El patrón del Nuevo Pepita Aurora, José Vega, compareció ayer ante el Juzgado número tres de Algeciras en calidad de imputado por el naufragio del pesquero barbateño el 5 de septiembre de 2007, en el que murieron ocho marineros, y rechazó las conclusiones recogidas en el informe de la Comisión de Investigación Permanente de Siniestros Marítimos que desvelan deficiencias del barco como causa del accidente. Además, el patrón se negó a informar sobre la situación de uno de los tripulantes que no aparecía registrado en el despacho de buques y sobre el que existen sospechas de que estuviera jubilado.

Durante casi cuatro horas, el patrón de la embarcación respondió a las preguntas de la Fiscalía, la defensa de las víctimas -que preparó una batería de unas ochenta cuestiones- y la acusación particular. José Vega negó durante su intervención muchos puntos de los recogidos en el informe elaborado por la Comisión de Investigación, dependiente del Ministerio de Fomento, con el que existen muchas contradicciones que "habrá que seguir investigando", según afirmó Ramón Dávila, abogado de las viudas de los marineros fallecidos en el hundimiento del Nuevo Pepita Aurora.

El patrón desmintió que el pesquero "tuviese cerradas las falucheras" -agujeros por donde sale el agua-, que el barco estuviese inclinado diez grados -"cualquier hombre del mar sabe que eso es imposible"-, y que no tuviera toda la documentación en regla -"había pasado las inspecciones y tenía todos los certificados necesarios para navegar", dijo-.

Vega se negó a informar sobre uno de los tripulantes fallecidos que, según el letrado que representa al grupo barbateño de IU, Luis García, no aparecía registrado en el despacho de buques. García expresó su sospecha de que este tripulante esté jubilado y señaló que profundizará en la discrepancia del número de tripulantes que se recoge en el despacho de buques, que eran 15, con el número real de marineros embarcados, 16.

Otros de los asuntos más espinosos era el hecho de que el pesuquero barbateño transportaba 7.000 kilos de redes en el momento de su naufragio, cuando la normativa establece un máximo de 2.000, como señaló el informe de la comisión. El patrón aseguró ayer que desconocía este exceso y esta declaración supone, según Dávila, que Marina Mercante no desarrolló de manera óptima entre los pescadores de Barbate la campaña de información sobre los pesos exigidos por la nueva normativa.

Las partes reiteraron que para conocer lo ocurrido en el hundimiento en el que perdieron la vida ocho marineros, incluyendo a tres desaparecidos, es necesaria la recuperación del barco hundido.

El magistrado decidió mantener como imputado al patrón del pesquero sin dictar medidas cautalares. Una vez finalizada la fase de instrucción tendrá lugar el juicio, aún sin fecha.