Un mes después de su comparecencia en la comisión de investigación parlamentaria, el ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda volverá a hacer un nuevo paseíllo, en este caso ante la juez María Núñez Bolaños. La magistrada lo ha citado el próximo martes a declarar como investigado en la pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación en la que se investigan las millonarias ayudas que recibió su grupo de empresas para la realización de actividades formativas.

En su intervención en la sede parlamentaria, el pasado 11 de abril, Ojeda defendió que es un "ciudadano ejemplar" y negó el fraude en los cursos de formación, al reconocer sólo algunas "irregularidades administrativas" en los expedientes investigados.

Su comparecencia ante la juez que instruye la causa llega en un momento en el que ha trascendido el contraataque legal que el ex consejero andaluz ha emprendido y que tiene varios frentes abiertos. De un lado, Ojeda ha denunciado en los tribunales a la Junta de Andalucía por dejar de pagarle las subvenciones de los cursos de formación justificados y, de otro, ha emprendido acciones legales contra el jefe del grupo de la Udef central de la Policía Nacional que procedió a su detención en agosto de 2014 y al que atribuye delitos de falsedad documental, prevaricación y detención ilegal.

Ojeda acusa a la Junta de un delito de "prevaricación masiva", que afecta a "miles" de empresarios, por haber "congelado" el dictado de actos de liquidación del pago de las subvenciones a las empresas para la realización de cursos de formación "con la única intención de que sus legítimos beneficiarios no cobraran lo que se les debía".

La denuncia está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla, al que el ex consejero ha solicitado la práctica de una serie de diligencias, entre ellas que se reclame a la Consejería de Empleo la totalidad de los expedientes administrativos de concesión de ayudas a las empresas de su grupo y se identifique a las autoridades públicas y funcionarios "encargados de decidir sobre cuándo liquidar los expedientes ya terminados y justificados" y las autoridades públicas y funcionarios encargados de tomar la decisión de iniciar los expedientes de reintegro", así como que la Policía Judicial elabore un atestado y tome declaración a "todos los funcionarios y cargos públicos".

En la denuncia, Ángel Ojeda sostiene que la Junta "ha llevado a cabo dicha práctica presuntamente prevaricadora de manera masiva, es decir, a todos los miles de empresas y empresarios beneficiarios de cursos de formación, encontrándose miles de expedientes pendientes de justificar y con ello, impidiéndose de manera presuntamente consciente y dolosa que miles de beneficiarios de cursos cobren lo que legítimamente les corresponde".

El ex consejero, que ya cuenta con media docena de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condenan a la Junta a abonarle las cantidades de varios cursos de formación, acusa a la Administración andaluza de "atropellar" a los empresarios, al considerar que está "abusando de su imperium, rayando en la impunidad y consciente de que la vía contencioso-administrativa supone a las entidades el desembolso de una cantidad de dinero que no pueden afrontar" y que les causa un "enorme perjuicio", generando una situación de "iliquidez e insolvencia de tesorería que probablemente conduzca a muchas entidades al concurso de acreedores".

A su vez, en la denuncia contra el mando policial que lo detuvo, Ojeda sostiene que el atestado que justificó su arresto señala que la empresa Humanitas recibió entre los años 2009 y 2013 más de ocho millones de euros de fondos públicos, pero que "se gastaron sólo cuatro millones y medio, y que por ello se quedaron con 3,7 millones en su propio beneficio ilícito", algo que el empresario considera "falso". El investigado asegura que el beneficio de su empresa fue sólo de 1.980 euros, por lo que asegura que la Policía multiplicó "por 2.000 veces el beneficio real declarado a Hacienda".

La juez Bolaños interrogará a Ojeda en el marco de la pieza separada abierta en la que se investiga la actividad desarrollada por las empresas del grupo Prescal, que habría recibido de la Consejería de Empleo, con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de ayudas a los ex trabajadores de Delphi, la suma de 33.309.789,16 euros -sus empresas recibieron más de 50 millones- en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación, a través de las asociaciones controladas por Ojeda (AEA, Humanitas, Innova, y Natura) otorgadas el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre 2010.

Según explica la juez en el auto, hay indicios de que "buena parte de los fondos percibidos para la realización de los cursos en el entramado de sociedades y asociaciones vinculadas a Ángel Ojeda, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del mismo grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento".