Los principales sindicatos han decidido endurecer sus posiciones para presionar al Gobierno autonómico en sus reivindicaciones de los derechos de los empleados públicos que consideran vulnerados y perdidos a raiz de la aplicación de los recortes. Mientras CCOO ha puesto en marcha una campaña de movilizaciones las centrales UGT y CSIF han esxpresado sus críticas contra la "ralentización" y la "apatía" que, a su juicio, está demostrando el Ejecutivo autonómico en este asunto.

Bajo el lema Exigimos recuperar más de un centenar de delegadas sindicales de CCOO en Andalucía reclamaron ayer a la jefa del Gobierno andaluz, Susana Díaz, que cumpla sus compromisos con los trabajadores del área pública y abogue por la reversión de los derechos laborales, la creación de empleo, la conciliación entre el trabajo y la familia y la devolución de las pagas extras. La protesta se concentró a las puertas del edificio de Torretriana, sede de varias consejerías de la Junta.

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, hizo hincapié en que "el empleo es fundamental para el conjunto de los ciudadanos, porque de ello dependerá la calidad con la que se presten los servicios públicos". El líder del sindicato lamentó que Ciudadanos "haya forzado" que en los Presupuestos de la Junta "se hayan retirado 160 millones de euros que deberían haber servido para mejorar los servicios públicos". Carbonero reclamó al Ejecutivo y a los partidos con representación parlamentaria -especialmente a Ciudadanos- que "abandonen la política de rebaja de impuestos que sólo beneficia a los que más tienen y que supone una pérdida de derechos y de la calidad de esos derechos para la mayoría de las personas más necesitadas y que peor lo están pasando".

Mientras, UGT cargó contra lo que considera "una ralentización en relación con lo que esperábamos y con lo firmado el 15 de julio de 2015". El sindicato se refiere a la convocatoria de la Mesa General "para presentar el calendario de recuperación de derechos como las 35 horas semanales o la recuperación del 75% de la paga extraordinaria".

Por su parte, el CSIF considera que la Junta está "apática" a la hora de concretar ese calendario. "Entendemos que hay capacidad presupuestaria para ir recuperando derechos para los empleados públicos andaluces", señalaron fuentes del CSIF, que censuraron que "desde el 3 de febrero no se ha vuelto a convocar una Mesa General".