En cuatro reformas estratégicas (administrativa, educativa, fiscal y políticas activas de empleo) están las claves del PP ante la negociación del acuerdo anticrisis que hoy arranca entre el Gobierno andaluz y los partidos con escaño en el Parlamento. Anticipándose a esta primera cita, concebida para marcar el esquema de trabajo y los temas a debatir, el presidente del PP-A, Javier Arenas, remitió ayer al presidente andaluz, José Antonio Griñán, un documento bautizado como Metodología para un pacto, en el que se fija qué reformas y planes se consideran "necesarios" para su discusión, aunque sin ser del todo "condicionantes" irrenunciables.

Aunque los populares dicen asistir a las conversaciones con voluntad de ser el "partido del sí", lo cierto es que parece difícil que encuentren encaje su propuestas fiscales y educativas. Las primeras, porque su planteamiento responde a una bajada de impuestos generalizada, algo que choca frontalmente con la postura de IU y PSOE, que prefieren hablar de fiscalidad progresiva. Esto, por otro lado, no será nada nuevo, porque ya fueron estas divergencias tributarias un escollo en anteriores ocasiones -en el primer acuerdo anticrisis de junio de 2008- y lo están siendo ahora, precisamente, en el diálogo abierto por el Ejecutivo central con el PP, por la subida del IVA. De hecho, siguiendo la estela de su dirección nacional, los populares andaluces tienen registrada para su debate en el próximo Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que proponen al Ejecutivo andaluz que demande al Gobierno central 27 rebajas de impuestos que, a su juicio, beneficiarían al 100% de la población. Cosa que, como analizó ayer la portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, no sucede con el último paquete de medidas fiscales que acaba de aprobar la Junta, que consideró "ridículo" porque las bajadas sólo beneficiarán a unas 23.800 personas, y que "no son más que el camino encubierto para una subida de impuestos".

Tampoco parece que vaya a ser nada fácil una reforma educativa, sobre todo, por la postura que mantiene el PP desde hace tiempo. En 2007 se descolgó de la Ley de Educación de Andalucía que el PSOE sacó adelante entonces con IU y PA y, hace tres semanas, se opuso al mismo acuerdo político por la convergencia educativa del que se abstuvo en diciembre, y que al final aprobaron PSOE e IU.

A pesar de que los puntos de partida puede ser muy distintos, Oña aseguró que están dispuestos "desde el todo hasta la nada", es decir, desde acuerdos "totales a parciales o puntuales". Y en esta línea, en lo que ya parecen coincidir socialistas y populares es que las conversaciones no deberá prolongarse por más de dos meses.

Quien no quiere que los plazos sean más cortos es IU: no más de un mes, para así evitar que esto se convierta en un "marear la perdiz". Esta formación, que acude con "gran desconfianza" y dice no estar dispuesta a participar en un "vodevil partidista de PSOE y PP", planteará un centenar de medidas que, como explicó su coordinador regional, Diego Valderas, se centrarán en la sostenibilidad económica, social y medioambiental, y un cambio de modelo productivo. Aparte de las conversaciones entre el Gobierno andaluz y la oposición, Valderas también defendió la conveniencia de que se sumen representantes de algunos sectores sociales y económicos.