La Consejería de Medio Ambiente reaccionó ayer a la sentencia del Tribunal Supremo contra el decreto que dio a la empresa pública Egmasa carta blanca para asumir potestades públicas y funciones que impliquen el ejercicio de autoridad, reservadas legalmente para los funcionarios, defendiendo que tales tareas jamás fueron usurpadas. Medio Ambiente aludió a un "defecto de forma" y recordó que la propia resolución judicial refleja que el sindicato CSI-F, que interpuso la demanda contra el decreto, "no ha podido aportar pruebas, ni siquiera indicios" de que Egmasa haya actuado al margen de la ley.

Una reacción bien distinta se reflejó en las filas de la central sindical, para la que la sentencia del TS supone un "serio correctivo" a la atribución "ilegal" de funciones por parte de la empresa pública. CSI-F insistió en su lucha contra la externalización de servicios de la Junta y el consiguiente "enorme dispendio" para la creación de una administración paralela "a costa del dinero público aportado por los ciudadanos y los derechos de los empleados públicos".

También se felicitaron por la resolución judicial los agentes de medio ambiente, quienes lamentaron que las atribuciones "ilegales" de Egmasa "agravian" y constituyen una "merma" de los medios de los empleados públicos. El presidente de este colectivo, Antonio González, recordó que la Administración autonómica ya dispone de un cuerpo de agentes de medio ambiente que son funcionarios de carrera y agentes con el carácter de policía juduicial.