El administrador judicial de los bienes y sociedades intervenidas al presunto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, ha advertido del riesgo inminente que corren estas empresas quebrar y entrar en concurso de acreedores o ser objeto de ejecuciones hipotecarias. Los embargos determinados por la Audiencia Nacional por los casos Saqueo I y II han puesto "fuera de pago y sin capacidad de gestión a la administración concursal", hasta el punto de que resulta imposible "proseguir con la gestión de las sociedades, habiéndose perdido diversas oportunidades de venta de bienes por el recelo de los compradores ante la existencia de esos embargos".

El gestor judicial ha requerido al tribunal de la Audiencia malagueña, que a su vez lo ha pedido a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía Anticorrupción, el levantamiento de los embargos preventivos de aquellos bienes sobre los que existen ofertas de compra "para garantizar la supervivencia" de las sociedades.

En caso contrario, la primera consecuencia directa será la "inmediata declaración de insolvencia del grupo societario" porque corren el riesgo de entrar en concurso o ser objeto de embargo tanto por parte de Hacienda como por parte de los bancos que no ven satisfechas las cuotas correspondientes a las hipotecas que concedieron en su día.

Al tratarse mayoritariamente de compañías patrimoniales dedicadas a la compra venta, estas sociedades carecen de una actividad industrial que les reporte otros ingresos.