El ciberacoso, también conocido con el término en inglés cyberbullying, es el delito más habitual cometido a través de las redes sociales por parte de menores, que han trasladado de las aulas a internet estas prácticas aprovechando la falsa sensación de impunidad y anonimato que les otorga la red. Así lo ha puesto de manifiesto el fiscal coordinador de Menores en Andalucía, Rogelio Muñoz Oya, quien ha advertido sobre la amplia "trascendencia social" y los "graves perjuicios" que este tipo de hechos puede causar a las víctimas a las que van dirigidos.

Según Muñoz Oya, el cyberbullying se constata en las redes sociales, principalmente Tuenti, la más popular entre los más jóvenes, a través de insultos, amenazas y coacciones, ya sean de tipo verbal o audiovisual. Pese a que este "chantaje" entre iguales es el delito más usual de cuantos se comenten a través de estos medios, en el conjunto de la delincuencia juvenil no representan, ha precisado el fiscal andaluz, un índice "alto", ya que sólo suponen en torno a un 4% ó 5% del total.

Además del ciberacoso existen otras prácticas delictivas relacionadas con las nuevas tecnologías que también se investigan desde la Fiscalía, como el sexting, caracterizado por envíos de contenido estrictamente sexuales entre menores, y el grooming, que define el acoso sexual por parte de adultos a menores.

Muñoz Oya considera que el hecho de que muchas de estas prácticas delictivas que antes se daban "cara a cara" se hayan trasladado a la red se justificaría en la "sensación de anonimato" que tienen muchos de los menores que las cometen, algo que no se corresponde con la realidad, puesto que en internet todo queda registrado.

A ello se uniría la falta de conciencia sobre el daño que están causando, ya que durante la instrucción de algunos casos los implicados coinciden al manifestar que nunca habían tenido ánimo de perjudicar a su amigo o compañero o que desconocían la repercusión que ello podía tener.

Existe también entre muchos infractores la falsa creencia de que muchas de estas prácticas quedarían "impunes", cuando los hechos y las investigaciones judiciales, motivadas habitualmente a raíz de las denuncias de las víctimas, demuestran que estas prácticas ilícitas se persiguen y se castigan.