Serafín Roldán y Antonio Mendoza, expresidente y exdirector general del Málaga respectivamente en la época de los Asensio, se quedaron ayer bastante tranquilos. El juez de lo Mercantil que trataba la pieza de calificación del proceso concursal, fase en la que se depuraban posibles responsabilidades negligentes en el endeudamiento del club, determinó que no fueron culpables de la situación financiera, por lo que se llevaron una gran noticia.

Tanto la administración concursal del Málaga como el fiscal habían reclamado una cantidad de en torno a ocho millones, así como la inhabilitación para cargos ejecutivos por un periodo de cinco años por considerarlos responsables de las deudas que llevaron a la entidad a una situación insostenible y a tener que declararse en concurso voluntario posteriormente, ya con Fernando Sanz como dueño y presidente de la entidad.

Hace unas tres semanas, ambos dirigentes tuvieron una vista oral en el Juzgado de lo Mercantil para determinar esta causa. El juicio quedó visto para sentencia y en las últimas horas ambos recibieron la comunicación de que tenían que estar exentos de dicha cuota de responsabilidad. A pesar de que su desvinculación con la entidad de Martiricos era absoluta desde hacía ya bastantes años, la inclusión de ambos en la pieza de calificación les volvía poner en primera plana. Y más se podría haber alargado en el caso de que hubiesen sido declarado culpables. El problema habría sido morrocotudo, especialmente para el catalán, puesto que su situación empresarial actual es bastante delicada. Mendoza, por su parte, obtuvo la licencia FIFA para ejercer como agente, profesión en la que intenta subsistir en las últimas temporadas.

Aunque de eso sí que se han librado, aún tienen pendiente otra causa. Concretamente, con Salva Ballesta. El ahora entrenador del Atlético Malagueño, quien no se adscribió al proceso concursal, reclamaba una cifra alrededor de los 300.000 a título personal de los dirigentes, no al club de Martiricos, en un juicio que empezó el pasado mes de agosto. Hace una semana, el juez determinó que los cuatro dirigentes demandados por Salva, ellos dos, José Antonio Ruiz Guerra y Paco Gutiérrez, que en su día ejercían como consejeros, debían atender a un pago solidario de 145.000 euros. Ahora está en su mano interponer un recurso a la sentencia en la Audiencia Provincial de Málaga. El tema no salpica a la entidad como tal, aunque a algunos dirigentes no les ha gustado la actitud del técnico del filial.