Montoro ha ganado ampliamente la primera comparación con Salgado a ojos de Carmen Martínez Aguayo. La consejera andaluza de Hacienda estaba anoche mucho más satisfecha de su primer encuentro con el ministro que de las últimas reuniones con su correligionaria y su equipo. Aguayo llegó a calificar de "impecable" la actitud del ministro durante la reunión; atendió prácticamente todas las sugerencias que realizó la consejera andaluza.

También se mostró complacida con el máximo consenso que hay entre sus colegas sobre la futura ley de estabilidad presupuestaria. De momento está de acuerdo con lo que ha planteado Cristóbal Montoro al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero no quiso darle su aval en la reunión de ayer, con el argumento de que "hay que ver la letra pequeña". Para eso propuso que se informe al CPFF antes de enviarla al Congreso. Esta idea fue aceptada por el ministro, que retiró ese punto de la votación. Se creará un grupo de trabajo que irá conociendo los detalles de esa letra pequeña. La consejera cree que así se mantendrá el consenso respecto a una ley muy importante.

Una de las viejas reivindicaciones de Andalucía, desatendidas por el anterior Gobierno, era el establecimiento de criterios de déficit individualizados en función de diferentes variables, entre ellas la deuda acumulada por cada comunidad autónoma. El grupo de trabajo tendrá que estudiar fórmulas para establecer criterios de fijación del déficit y su reparto.

En este campo, Aguayo ha obtenido más comprensión de Montoro que de Salgado. Anoche volvía a repetir los mismos argumentos que utilizó en el Consejo del mes de julio: "Hace falta un tratamiento igual para situaciones iguales y un tratamiento desigual a situaciones desiguales. Es un asunto muy complejo, que hay que ver con precisión en el marco de la Unión Europea". Al término de la reunión, la consejera aseguró que de momento no existen puntos de fricción entre la postura de la Junta de Andalucía y el Gobierno central o las comunidades del PP, porque están de acuerdo en las líneas generales.

También se mostró satisfecha con las medidas para mejorar la liquidez de las autonomías, anunciadas ayer por Montoro. Tanto la ampliación a diez años del plazo de devolución de los adelantos excesivos realizados por la Administración General del Estado, como la línea de crédito del ICO, similar a la de los ayuntamientos, que se va a abrir. Aunque, eso sí, la Junta ha solicitado más información sobre los planeas de reequilibrio presupuestario que las comunidades autónomas tienen que presentar antes de final de febrero. Esos planes están ligados a las medidas de ayuda.

No terminó ahí el catálogo de medidas positivas que se llevó de la reunión de Madrid la consejera. Se van a agilizar los procedimientos para autorizar el endeudamiento de las regiones. En otro de sus gestos con su colega andaluza, Montoro aceptó que se modifiquen los tiempos para las autorizaciones y que algunas de hagan de oficio.

No ha habido unanimidad en todos los asuntos, sin embargo. La consejera, como había hecho anteriormente el presidente Griñán, ha pedido información sobre cómo van a afectar a los ingresos de las comunidades autónomas los ajustes presupuestarios anunciados por el Gobierno: "No es posible hacer planes rigurosos de reequilibrio presupuestario sin saber con qué ingresos se cuenta". En el mismo sentido, Martínez Aguayo se lamentó que el aumento del IRPF decidido por el Gobierno suponga una subida de ingresos en el 50% del tramo estatal, cuando el déficit excesivo se ha producido en las regiones.

Sobre la reforma del sector público, la consejera ha pedido que se revisen los criterios en los que se sustenta el inventario que ha realizado el Ministerio, que considera incorrectos. Montoro, como no, aceptó crear un grupo de trabajo al respecto. Mínimas desavenencias y máxima disposición al diálogo y al acuerdo. No hay duda de que la consejera ha notado la diferencia, para bien.