El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha relacionado este miércoles las informaciones "falsas" que se publican sobre la Agencia Tributaria (AEAT) con los problemas con el fisco de determinados medios de comunicación, motivo por el que el PSOE ha reclamado su dimisión. "Cuando veo algunas informaciones digo ¿será alguna forma de presión?", ha afirmado Montoro en una interpelación del grupo socialista sobre los últimos ceses y dimisiones en la Agencia Tributaria.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Cámara Baja, el ministro ha puesto como ejemplo la información "falsa" que se ha publicado sobre el supuesto perdón de parte de una deuda a la cementera Cemex, a la que no ha nombrado. A finales de noviembre se produjo el cese de la inspectora encargada del recurso de la multinacional, lo que fue seguido de una serie de dimisiones, entre ellas la del director de Inspección Financiera y Tributaria, Luis Jones. "Lo que hace daño es que una determinada información periodística falsee y diga que a una multinacional se le haya rebajado la sanción. Yo digo que no es verdad", ha dicho Montoro. El ministro ha afirmado que cuando el medio consultó en el Ministerio se le dijo que no era verdad y aquel "siguió adelante porque dijo 'son mis fuentes'. Que explique cuáles son".

Ha subrayado además que en su condición de ministro y personaje público ve "continuamente" reportajes que tratan de relacionarle "con un pasado que no es presente", en referencia a la asesoría que fundó en 2006 -Montoro y Asociados- y de la que se desligó completamente en 2008, cuando fue nombrado portavoz económico del PP en la oposición, ha alegado. "Esos reportajes los veo en determinados medios que por cierto tienen bastantes problemas económicos, y lo sé porque vienen a mi despacho a contármelos (...), pero eso no quiere decir que tengan aplazamientos", ha continuado.

En cuanto a los ceses en la Agencia Tributaria, ha afirmado que "nunca" dijo que respondieran a razones ideológicas, sino que "en la unidad de grandes contribuyentes hay al menos seis altos cargos políticos de gobiernos socialistas ocupando puestos relevantes, entre ellos el secretario de Estado de Hacienda del Gobierno anterior". Ante todas estas afirmaciones, el diputado del PSOE Pedro Saura ha pedido a Montoro su dimisión o cese porque "nunca la Hacienda Pública ha caído tan bajo y usted tan alto".

Por lo demás, Montoro ha ofrecido a los grupos políticos del Congreso negociar un estatuto de la Agencia Tributaria en el marco de la reforma fiscal que se tramitará durante la primera mitad del año próximo para evitar el descrédito del organismo. Además ha aprovechado para asegurar que jamás ha permitido injerencias políticas dentro de la AEAT.

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha preguntado al ministro si "está en disposición de garantizar la independencia" de la agencia, a la luz de los ceses y dimisiones que se han producido en las últimas semanas. En su respuesta, Montoro ha afirmado que, en los seis años que ha ocupado el cargo de ministro de Hacienda (primero en el Gobierno de José María Aznar y, ahora, con Mariano Rajoy), "jamás se ha producido una injerencia política en la Agencia Tributaria". "No lo permitiría, no lo consentiría, y cualquier funcionario de la Agencia que tuviera conocimiento de ello está obligado por ley a denunciarlo", ha añadido.

Y, para disipar cualquier duda sobre la independencia de los inspectores, ha ofrecido a todos los grupos parlamentarios "la redacción y aprobación del estatuto que tiene pendiente la Agencia desde su nacimiento, en 1990", donde "definir claramente cómo se hacen los nombramientos, cómo se ocupan los cargos, en función de qué méritos" y cómo se define la carrera de estos profesionales. "Ofrezco que, en el marco de la reforma tributaria pendiente que se abordará en la primera mitad del año próximo, abordemos también ese estatuto que dé satisfacción a las decenas de miles de mujeres y hombres que en la Agencia Tributaria realizan con su trabajo y esfuerzo cada día la realidad de financiar los servicios públicos de los españoles, garantizando la recaudación tributaria y luchando contra el fraude", ha apostillado.

Por último, el titular de Hacienda ha negado haber dicho "nunca" que los inspectores que han sido cesados en la Agencia Tributaria sean socialistas, y ha asegurado que no existe "ninguna doble vara de medir" entre cómo se aplican las decisiones a los ciudadanos y cómo se aplican a las grandes empresas o los miembros de la Casa Real. "Pero para que no haya ninguna duda, hagamos juntos este estatuto", ha concluido.

Sin embargo, el ofrecimiento de Montoro no ha convencido al diputado de la formación magenta, que duda de la "buena fe" de un Gobierno "incompatible con la independencia y la separación de poderes" como, a su entender, se ha visto a lo largo de toda la legislatura con las regulaciones y nombramientos de organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Es un ofrecimiento muy interesante, íbamos a plantear (crear un estatuto de la Agencia Tributaria) en una iniciativa muy pronto, pero no creemos realmente en la buena fe del Gobierno. Las normas legales están muy bien, pero si no hay voluntad política a veces se usa para controlar más, y no queremos que dentro de poco los ciudadanos se pregunten si hay una doble vara de medir para las grandes empresas, los partidos o la Casa Real en la AEAT", ha añadido.

Y es que, a su entender las palabras del ministro se contradicen con los hechos más recientes, como la instrucción dictada por el director general de la Agencia, Santiago Menéndez, para arrogarse la potestad de nombrar a los peritos que auxilian a la Justicia en casos como el de la Infanta Cristina o el exsenador del PP Luis Bárcenas. Un instrucción que "ha coincidido con decisiones sorprendentes" como que facturas de la infanta que habían sido declaradas ficticias ahora sean deducibles, o que donaciones al PP que se habían calificado como ilegales ya no lo sean y hayan "impedido que se sobrepase el umbral de 120.000 euros de delito fiscal".