El déficit de la comunidad autónoma andaluza alcanza en los primeros once meses del año 2013 el 1,13% del PIB regional, porcentaje inferior al déficit del conjunto de las comunidades autónomas, que registraron un déficit, en términos de Contabilidad Nacional, de 12.901 millones de euros hasta noviembre, el 1,26% del PIB, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De esta forma, la necesidad de financiación de Andalucía a noviembre de 2013 se cifra en términos absolutos en -1,56 millones de euros, un -1,13% del PIB regional.

Hasta el undécimo mes de 2013, el déficit conjunto de la Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social se ha situado en el 5,44% del PIB, con un total de 55.841 millones de euros, por lo que, a falta de un mes para el cierre del ejercicio, el saldo negativo se sitúa a más de un punto del objetivo anual del 6,5%, según Hacienda. Sin embargo, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha indicado que el déficit público de 2013 "convergerá hacia el objetivo del 6,5%" del PIB fijado en el acuerdo de estabilidad de España, gracias a la mejora de la recaudación fiscal y al ahorro de 8.200 millones por el pago de menores intereses de la deuda. En rueda de prensa tras la reunión del Ecofin, De Guindos destacó que a lo largo del año se han ido produciendo "elementos positivos" que aseguran el cumplimiento del objetivo de déficit, como la mejora de los ingresos de las diferentes figuras tributarias, lo que, a su vez, refleja la recuperación de la actividad económica como consecuencia también de la mejora de la demanda doméstica y el consumo interno. Igualmente, resaltó que el Gobierno confía en que las cuentas públicas de las corporaciones locales hayan mejorado en 2013 los "buenos" datos de 2012, cuando ya alcanzaron superávit, lo que también habrá contribuido al cumplimiento del déficit.

Por niveles de administración, el Estado obtuvo hasta noviembre un déficit de 40.606 millones de euros, lo que representa el 3,96% del PIB, aunque el saldo total de la Administración Central baja a 39.603 millones (el 3,86%) si se tiene en cuenta el superávit de 1.003 millones registrado por los organismos de dicha administración. El saldo del Estado resulta de unos recursos no financieros imputados en contabilidad nacional de 111.099 millones de euros, cifra un 6,1% superior a los del mismo periodo del ejercicio anterior. Los empleos no financieros, por su parte, sumaron 151.705 millones, un 6,8% más.

Tal y como explica el Ministerio de Hacienda, el aumento se debe fundamentalmente a la evolución del gasto en intereses de la deuda y a las transferencias a las administraciones de la Seguridad Social, que presentan incrementos del 15% y del 24,9%, respectivamente.

El saldo negativo 12.901 millones de euros de los organismos de las comunidades autónomas, que supone el 1,26% del PIB, está próximo al objetivo del 1,3% pactado con Bruselas. Las comunidades que registraron las cifras más elevadas de déficit fueron Murcia (-2,30%), Navarra (-2,19%) y Comunidad Valenciana (-2,01%). También se situaron por encima del objetivo Cataluña (-1,96%) y Aragón (-1,58%).

Por debajo del objetivo, pero con un déficit mayor al 1% se situaron Castilla-La Mancha (-1,26%), Galicia (-1,22%), Andalucía (-1,13%) y Madrid (-1,11%). Las regiones con menos déficit fueron Asturias (-0,28%), La Rioja (-0,37%), Canarias (-0,50%) y Baleares (-0,54%), aunque también registraron un saldo negativo inferior al 1% Castilla y León (-0,66%), Cantabria (-0,82%) y Extremadura (-0,85%). País Vasco (+0,16%) fue la única comunidad con superávit hasta noviembre.

Por su parte, las operaciones no financieras realizadas por las administraciones de la Seguridad Social arrojaron un déficit de 3.337 millones de euros, el 0,33% del PIB.

La cifra global de déficit hasta noviembre aún no es definitiva, puesto que no incluye el dato de las corporaciones locales, que en los últimos meses han registrado superávit. En cualquier caso, se mantiene a más de un punto del objetivo anual fijado en el 6,5% tras las revisiones de Bruselas.