El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que investiga al ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía Rodrigo Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes, le ha impuesto una fianza de 18 millones de euros si quiere que le desbloquee sus cuentas y depósitos. El magistrado Antonio Serrano-Artal ha dispuesto el levantamiento de esas medidas cautelares que acordó el pasado mes de abril su compañero del Juzgado de Instrucción número 35, Enrique de la Hoz, cuando se encontraba en funciones de guardia.

Según fuentes jurídicas, el magistrado ha tomado esta decisión a instancias del propio Rato, que ofreció el pago de una fianza para levantar el embargo de sus cuentas, y con la opinión favorable de la Fiscalía Anticorrupción. Las medidas cautelares ordenadas por el juez incluían el bloqueo de sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y de pensiones, así como otros productos financieros de su titularidad, además del asiento registral de sus bienes inmuebles para hacer constar la investigación judicial que pesa sobre él y evitar que pudiera desprenderse de ellos.

El juez ha fijado esta cifra teniendo en cuenta el fraude presuntamente cometido por el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha reclamado al juez que levante el secreto de sumario, aunque de momento las actuaciones continúan secretas, han añadido las mismas fuentes. Y lo ha hecho después de que la pasada semana la Audiencia Provincial de Madrid decidiera que él era el magistrado competente, y no el instructor del caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, de hacerse con esta investigación.

Serrano-Artal se había inhibido a favor de Andreu al considerar que Rato podría haber cometido actos "para preservar" su patrimonio "sustrayéndolo del pago de las responsabilidades civiles" que se le han decretado en el "caso Bankia" y en su pieza separada de las tarjetas opacas. Pero la Audiencia madrileña señalaba que este argumento "no se sostiene", puesto que el exbanquero abonó la cuantía de 3 millones de euros por las visas black el pasado octubre.

Lo mismo ocurrió antes de que fuera rebajada a 34 millones con la fianza de 800 millones dictada en el caso Bankia de forma solidaria para él y otros tres ex consejeros, así como la propia entidad y su matriz, BFA. En todo caso, el tribunal madrileño recordaba que la investigación contra el que fuera llamado a suceder a José María Aznar al frente del PP se encuentra en un momento muy "inicial", en el que no es posible avanzar una "calificación jurídica" de "las operaciones financieras" con las que Rato habría presuntamente eludido el pago de impuestos.

Dichas operaciones fueron denunciadas inicialmente por la Fiscalía de Madrid el pasado 16 de abril, después de que se conociera que el ex ministro de Economía se había acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012. La denuncia del Ministerio Público provocó la entrada y registro en el domicilio y en el despacho de Rato, que llegó a estar detenido unas horas mientras los agentes de Vigilancia Aduanera se incautaban de abundante documentación. El patrimonio de Rato llevaba desde hace año y medio en el punto de mira de la Agencia Tributaria, que decidió llevar a la Fiscalía sus pesquisas sobre un complejo entramado societario familiar en diversos países, con ramificaciones incluso en paraísos fiscales.