UNA de las tareas a las que con rapidez se tendrá que dedicar el nuevo gobierno es la de la reforma del sistema de pensiones. Y tendrá que contar con la participación de los partidos mayoritarios y de los agentes sociales.

No se trata de llevar a cabo un cambio radical, sino de modificar algunos aspectos en un mecanismo de protección social que, básicamente, funciona. Los cambios que se produzcan deben asegurar su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Para lograrlo, es necesario alcanzar un equilibrio estructural entre los recursos y el gasto del sistema de reparto.

Los problemas que el sistema está manifestando y leemos en los medios continuamente, derivan de dos trayectorias que son convergentes: vivimos cada vez más años y se jubilan cada vez más españoles pertenecientes a la generación del baby boom.

La reforma del año 2013 introdujo un factor de sostenibilidad, que permite calcular el importe de la pensión inicial, moderada por la esperanza de vida en los años siguientes. Y un factor de revalorización que se ajuste a los recursos disponibles por el sistema. Esos recursos tienen en cuenta el ciclo económico, de manera que tienen un carácter estructural. Este factor impide que el sistema esté gastando más recursos de los que estructuralmente dispone.

La caída de los ingresos del sistema durante la crisis y el aumento de los gastos de los nuevos pensionistas, han provocado un déficit en el sistema que seguirá creciendo si no se toman medidas. En la actualidad, los ingresos crecen a una tasa anual del 1,3%, mientras que los gastos lo hacen al 3,7%. A pesar de la fuerte creación de empleo, los nuevos cotizantes contribuyen en menor medida que la media histórica: los salarios son más reducidos y muchos de ellos están exentos de contribución total o parcial durante un periodo de tiempo. Los gastos crecen más rápidamente no solo por el baby boom; los nuevos pensionistas tienen pensiones un 30% más altas que aquellos que fallecen.

Para el año actual, los gastos superarán en un 10% a los ingresos. El problema no es solo coyuntural. Las dos terceras partes de ese déficit tiene carácter estructural, por lo que si no se adoptan medidas seguirá creciendo y provocará la insostenibilidad del sistema.

Esa sostenibilidad se puede conseguir por distintas vías. Establecer cuentas nocionales personales, en los que el trabajador vaya acumulando sus cotizaciones. Adelantar la introducción del factor de sostenibilidad, que está previsto para 2019. Alternativamente, modificar el cálculo de la revalorización. Existen más alternativas.

Hay otras opciones que se han propuesto que no son viables. Financiar las pensiones de viudedad con impuestos exigiría recaudar 22.000 millones. Con solo un 3% de contribuyentes que declaran ganar más de 60.000 euros, no es posible.

Cualesquiera que sean las decisiones que se adopten, hay que garantizar, en primer lugar, la sostenibilidad del sistema. Después se puede discutir de la suficiencia, generosidad y eficiencia.

Aunque en un clima político más calmado, las anteriores reformas se hicieron con el apoyo final de todos los participantes en las discusiones. Aunque el clima no sea el mismo, esperemos que se manifieste el mismo apoyo.