El Congreso ha aprobado este jueves por unanimidad el real decreto ley sobre las medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a los ayuntamientos el saneamiento de las deudas pendientes con empresas y autónomos.

Además, el congreso rechazó, con 144 votos a favor y 169 en contra, la propuesta del grupo popular de que el real decreto se tramite como proyecto de ley, lo que habría permitido introducir enmiendas.

Todos los grupos parlamentarios (PP, CiU, PNV, Mixto, ERC-IU-ICV y PSOE) decidieron dar luz verde al decreto y a una medida complementaria, cuyo objetivo común es subsanar de forma ágil los problemas de liquidez de las empresas y los autónomos con impagos de las corporaciones locales.

El decreto ley, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 24 de abril, para sanear las deudas de las corporaciones locales establece que su endeudamiento permitirá financiar su déficit de tesorería a 31 de diciembre de 2008.

El plazo para concertar la operación de endeudamiento es de tres meses desde la entrada en vigor de la norma y las operaciones tendrán un plazo máximo de amortización de seis años, con posibilidad de uno o dos de carencia.

Según Economía, esta operación de endeudamiento puede ascender a unos 11.000 millones de euros.

Además, el Consejo aprobó una medida complementaria, no incluida en el real decreto, que consiste en una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para avalar a empresas y autónomos con deudas pendientes de los ayuntamientos por un máximo de 3.000 millones.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, explicó que se establece el requisito de seis años de amortización para las operaciones de endeudamiento bancario para que no se consoliden los periodos de deuda a largo plazo más allá de dicho periodo ya que se estima que la medida provocará un incremento de deuda viva a los ayuntamientos.

En su opinión, la deuda aportada de este subsector al conjunto de las administraciones públicas "está justificada por su peso en el conjunto del sector público" aunque, en diciembre 2008 el endeudamiento de los ayuntamientos representaba solamente el 2,9 por ciento del PIB.

El portavoz del PP, Rafael Merino, dijo que el decreto tiene "trampas" ya que, según el Gobierno se darán 3.000 millones en la línea del ICO "y eso es mentira" porque el decreto incluye el pago del IVA de las facturas pendientes, que supone el 16 por ciento, es decir, 480 millones "que el Gobierno quita a las pymes y se mete en el bolsillo el Ministerio de Hacienda".

Calificó a Salgado como "la ministra iluminada" por haber dicho ayer sobre la crisis que "empezamos a ver la luz al final del túnel" y añadió que "la única luz que usted puede ver en la economía española es la del ministro Sebastián".

El diputado de CiU, José Sánchez Llibre y el portavoz de ERC-IU-ICV, Francesc Canet también consideraron que se deben afrontar definitivamente los problemas de financiación local, aunque dieron su apoyo al decreto porque puede ayudar a resolver la grave situación que atraviesan las pymes y los autónomos.

Pedro Azpiazu, del PNV, acusó al Gobierno de haberse "acostumbrado" a legislar por decreto y evitar tramitar las leyes, "se puede decir que le gusta el decretazo" y confió en que no haya intromisiones competenciales con las comunidades autónomas que tienen tutelas financieras con sus ayuntamientos.

La portavoz del grupo mixto, Olaia Fernández, defendió su aprobación, porque la política de no estar al día de los pagos por parte de los ayuntamientos "es una realidad" que se agrava con la crisis.

Marta Gastón, del PSOE, respondió al diputado popular que el decreto no es una trampa y que "esa trampa que ve sobre el IVA requiere que le expliquen cómo funciona el tratamiento del mismo, porque se paga solo de una vez".