La Unión Europea (UE) prepara una nueva ronda de pruebas de solvencia para medir la solidez del sector bancario y disipar definitivamente las dudas que siguen pesando sobre las entidades, en gran medida por su exposición a las crisis de la deuda soberana y de la construcción.

"Necesitamos pruebas rigurosas y estrictas, que den una mayor credibilidad", explicó el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier, tras la reunión de titulares de Finanzas europeos.

Barnier explicó que se ha logrado "un acuerdo general" para fijar unos criterios más estrictos que incluyan la capacidad de los bancos para obtener liquidez de los mercados, así como su exposición a la deuda de los países afectados por la crisis de solvencia.

El comisario también destacó la necesidad de realizar los exámenes de manera uniforme en todos los países para evitar que sean aplicados con un distinto nivel de exigencia y poder coordinar una respuesta a las posibles debilidades que arrojen las pruebas.

No obstante, el consenso alcanzado no es definitivo, de manera que los criterios evaluables volverán a ponerse sobre la mesa en la reunión de ministros de febrero, después de que se debata a nivel técnico, según explicaron fuentes diplomáticas.

Asimismo, la metodología de las pruebas, que se efectuará a 85 bancos europeos, debe ser acordada junto con el Banco Central Europeo y las nuevas instituciones de supervisión creadas por la Unión Europea: la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico (CERS).

De hecho, la ABE propuso efectuar el examen de liquidez de manera separada a las pruebas de estrés, que prevé que estarán listas a comienzos de junio, según fuentes presentes en la reunión.

Estas fuentes informaron de que algunas delegaciones consideraron necesario dotarse de la capacidad de actuación para afrontar posibles problemas que arrojen las pruebas, que deberán estudiar el riesgo asociado a cada país.

La ministra de Economía española, Elena Salgado, defendió pruebas más duras de acuerdo "con la situación de los mercados, que es más tensa con relación a lo que era en el pasado mes de julio".

Salgado afirmó que las cajas de ahorros españolas estarán "en excelentes condiciones" para afrontar esos exámenes endurecidos, dado que habrán avanzado en los procesos de reestructuración y recapitalización.

Asimismo, descartó que la exposición a la deuda soberana vaya a perjudicar a las entidades españolas, pues "está -dijo- muy distribuida entre todos los países".

El 23 de julio pasado, la UE publicó por primera vez los resultados de los exámenes de solvencia que se efectúan en el sector.

Tras analizar la capacidad de 91 entidades para hacer frente a un escenario de deterioro económico, sólo otorgó un suspenso a siete (cinco cajas españolas, un banco alemán y otro griego).

Sin embargo, algunos de los bancos que pasaron aquella prueba en Irlanda tuvieron que ser rescatados meses después con dinero público, levantando las dudas sobre la correcta ejecución de las pruebas.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, defendió el nuevo sistema de supervisión con que cuenta la UE y y apuntó que garantizará la obtención de "resultados más convincentes" en esta ocasión.

Por otro lado, los ministros de la UE volvieron a tratar el posible aumento de la capacidad del fondo de rescate para países con problemas de financiación, dentro de un paquete global de respuesta a la crisis de la deuda.

El asunto ya fue abordado anoche por los titulares de la zona euro, que debatieron las distintas opciones para incrementar la capacidad de financiación real del fondo, como había solicitado la Comisión Europea.

El fondo está dotado con 440.000 millones de euros, a los que se añade la aportación garantizada por el presupuesto comunitario y la contribución del Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta sumar 750.000 millones.

Sin embargo, su capacidad de financiación se sitúa en torno a los 250.000 millones, debido a que necesita mantener una cantidad para gozar de la mejor calificación a la hora de acudir al mercado.

"Está creciendo el consenso político sobre un enfoque global, que garantice nuestro compromiso hasta los 440.000 millones", dijo el ministro holandés, Jan Kees de Jager.