Ir al paro supone un enorme trabajo. Primero, para digerirlo; después, para formalizarlo; y, por último, para remediarlo. En el último año, la inmensa mayoría de los despidos se ha producido a través de los conocidos ERE, Expedientes de Regulación de Empleo. Concretamente, en todo 2011, en Andalucía se presentaron 1.923 que afectaron a 24.346 trabajadores. La figura del ERE contempla, además, tres opciones: extinción de contratos, suspensión de contratos (los conocidos como EREs temporales) o reducción de jornada.

Con el reciente cambio en la normativa, aprobado en la reforma laboral, la gran diferencia estriba en que ya no se lleva a cabo la mediación de la Junta de Andalucía en un conflicto entre empresa y trabajadores. Con un plazo legal establecido, las partes pueden ponerse de acuerdo o no. Al final, la empresa decide. Con la nueva norma, se entiende por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un período de noventa días.

Ahora bien, con la enmienda introducida en la reforma, esta reducción de ingresos debe ser comparada con el mismo periodo del año anterior para ser considerada efectiva (que denote un descenso de esos ingresos en el plazo interanual) y, por ello, aplicar el ERE. Aún así, la extinción debe afectar al menos a diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores; el 10% del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores; o de 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores. 

Menos en 2012

Los datos son llamativos. En el primer trimestre de 2012 ya se ha notado un leve descenso de los ERE presentados en Andalucía, con respecto al primer trimestre del año anterior. De hecho, si entre enero y marzo del año pasado fueron 424 expedientes autorizados, en el mismo periodo de este año han sido 416: un 1,9% menos. Eso supuso que, en el primer trimestre de 2011, fueran 4.999 trabajadores los afectados, por los 4.389  de este año: un 12,2% menos. De ellos (siempre en el periodo de enero a marzo), empleados afectados por expedientes extintivos fueron el año pasado 1.483; este año, 1.133. Los afectados por suspensión temporal fueron 2.336 en el primer trimestre de 2011, por los 2.016 de este año; por último, los empleados afectados por reducción de jornada han pasado de los 1.180 del primer trimestre de 2011 a los 1.240 de este año. Por tanto, según los datos del Ministerio de Empleo, en Andalucía se ha reducido el número de trabajadores afectados por los EREs extintivos y temporales, y han aumentado los de reducción de jornada.

Juzgado Mercantil

Todas estas empresas que deciden aplicar ERE en cualquiera de sus modalidades tienen su reflejo estadístico en los Juzgados de lo Mercantil que, en los últimos años, se han visto desbordados en toda Andalucía. En Cádiz, sin ir más lejos, se dio la circunstancia de que una empresa, Visteon, que anunció un ERE extintivo para cerrar su factoría en El Puerto, se declaró en concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil gaditano. Justo un día antes de que entrara en vigor la reforma laboral (que reduce la indemnización por despido improcedente que hasta ese momento era de 45 días por año), la Delegación Provincial de Empleo, que medió en el asunto, logró el acuerdo y los trabajadores consiguieron una indemnización impensable 48 horas después. La imagen quedó grabada: la plantilla afectada por el ERE que ponía fin a dos décadas de trabajo aplaudía en la calle al delegado de Empleo en Cádiz.

Sercla y CMAC

Pero, antes de que se aplique un ERE hay otros caminos: el Sercla y el CMAC. Ambos sistemas son previos a la vía judicial y, si se logra el acuerdo en estas reuniones, se firma el acuerdo entre las partes y, bien se aplica el ERE con acuerdo, o se retira y se aplican las condiciones pactados.

El primero es el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) y afecta, básicamente, a negociaciones colectivas. En el primer cuatrimestre de este año, según datos de la Junta, el Sercla registró un total de 386 expedientes de conflicto colectivo en Andalucía, los cuales extendían sus efectos a 15.456 empresas y 146.578 trabajadores. Un total de 127 mediaciones en conflictos colectivos concluyó con acuerdo, lo que supone el 44,41% del global de los tramitados. Pese a ello, el dato es inferior en 5,4 puntos porcentuales con respecto al índice de acuerdos registrado en las mismas fechas del año anterior. De las avenencias firmadas en estos meses de 2012 se beneficiaron 5.197 empresas y 38.628 trabajadores en Andalucía. En algo más de 5 de cada 10 procedimientos previos a huelga se logró el acuerdo, alcanzándose el 52,88% de avenencias, de modo que la actuación mediadora del Sercla propició evitar un total de 55 huelgas. Estos acuerdos permitieron recuperar 107.760 horas de trabajo en Andalucía.  En cuanto al CMAC (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación), su trabajo se centra básicamente en conflictos individuales.

Fogasa

Y, ¿qué ocurre cuando una de las empresas que presenta un ERE se declara además en concurso de acreedores vía Juzgado de lo Mercantil? Aquí entra el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial). Muchos de estos negocios, cuando acceden al proceso judicial, presentan estado de quiebra y ni tan siquiera pueden asumir el pago de las últimas nóminas o incluso de la indemnización legal que corresponde a las plantilla.

Es el caso, por ejemplo y también en la provincia de Cádiz, de la empresa Gadir Solar, que tuvo que reconocer ese extremo incluso por escrito a sus empleados. El incremento de este tipo de situaciones es tal que, comparando el primer cuatrimestre de este año con el del pasado, en 2012 son 1.594 empresas más las que han tenido que recurrir en toda Andalucía a este sistema de pagos. Ello supone un devastador 38,6% más. Este dato supone que, si entre enero y abril de 2011 tuvieron que acudir al Fogasa un total de 9.142 empleados, en el mismo periodo de este año ya son 10.888 trabajadores:  un 19% más. Y, por último, toda esta afluencia tiene un coste. El Fogasa pagó en el primer cuatrimestre de 2011 en Andalucía un total de 50,4 millones de euros. En el mismo periodo de este año ya se han desembolsado 61,9 millones: un 22,8% más.

Y todo sin contar con el efecto que está teniendo el último capítulo de la crisis: los ERE en los ayuntamientos.