El juez José Castro, instructor del caso Palma Arena, ha citado a declarar el 6 de febrero a las 9:00 como imputado al duque de Palma, Iñaki Urdangarín, tras levantar el secreto de sumario de la investigación por presuntas irregularidades en el Instituto Nóos, que presidió hasta 2006. Esta decisión, que se produce una vez terminadas las diligencias y después de que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares apuntará a un supuesto "entramado societario" tejido supuestamente por Urdangarín y su socio Diego Torres para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibió el Instituto Nóos. La Casa Real ha señalado que no hay ningún comentario que hacer respecto a la imputación de Iñaki Urdangarín y se ha remitido a su posición de respeto absoluto a las actuaciones y decisiones judiciales, como viene haciendo desde hace dos meses.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (Tsjib) ha confirmado la citación de Urdangarín para declarar ante los juzgados y ha señalado en un comunicado que dicha fecha se podría adelantar si así lo solicita la representación legal del duque de Palma y lo permite la disponibilidad del juzgado, el Ministerio Fiscal y las partes personadas. La citación se ha producido en el mismo auto que ha levantado el "especial secreto de la pieza separada número 25" del llamado caso Palma Arena, decretado por auto el pasado 4 de agosto y prorrogado sucesivamente hasta este jueves.

Castro interrogará a Urdangarín por todos los hechos que guarden relación con "cualquier forma negocial" en virtud de la cual haya sido "perceptor de fondos públicos", tanto en el ámbito de la comunidad de Baleares como en la de Valencia, así como por el "destino y tratamiento fiscal" que les hubiera dado. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos. 

En la resolución, Castro señala que el duque de Palma debe dar cuenta de las actividades que haya llevado a cabo como persona física o en su condición de "representante, partícipe o vinculado, de hecho o derecho, a personas jurídicas", así como la relación de personas que "han participado en los anteriores hechos o que hayan devenido beneficiadas por los mismos".   El auto, que puede ser recurrido en apelación en un plazo de tres días, fija la posibilidad para el yerno del Rey de solicitar "un adelanto de la convocatoria" si lo considera conveniente. 

El juez Castro también ha llamado a declarar el día 5 de enero como imputados al socio de Urdangarín, Diego Torres, así como a otros cargos del Instituto Nóos como Ana M. Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Miguel Tejeiro y Salvador Trinxet. Los primeros en declarar como imputados en esta causa serán, sin embargo, el ex director general de Deportes del Gobierno balear, José Luis Pepote Ballester; el ex director de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal, y el ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, que han sido citados para el 25 de enero.

Obligado a declarar en persona

El juez recuerda al duque de Palma que, si no compareciera ni justificara "causa legítima" para no acudir a la declaración judicial, la orden de comparecencia podría convertirse en "una orden de detención".  También indica que, al no constar "domicilio propio en España" del imputado, se ha visto obligado a notificar esta resolución mediante "diligencia telefónica" al abogado Mario Pascual Vives, del que ha sabido que había asumido su representación letrada "a través de los medios" de comunicación.

De esta forma, el convocado podrá "personarse en la causa, recibir copia de todo lo actuado en ella y disponer del tiempo necesario para su estudio". También le recuerda que, tal y como contempla la legislación, podrá "declarar cuantas veces quisiere", de forma que le podría tomar declaración "inmediatamente" en función de "la disponibilidad de este Juzgado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas". 

 El titular del Juzgado de Instrucción número 3 también señala que, a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la imputación judicial debe ser "puesta inmediatamente en conocimiento del presunto implicado", en este caso no ha podido "cumplirse totalmente" porque se habría frustrado la investigación sobre los hechos que indiciariamente merecen "reproche penal". 

Apoderamiento de fondos

 Las pesquisas parten de la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción de que Urdangarín y su socio desviaron a través de esta fundación fondos públicos y privados procedentes de estas tres administraciones públicas para "apoderarse" de ellos. Para ello, fijaron precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".

 En el caso de Baleares, el montante desviado ascendió a 2,3 millones de euros que el Gobierno de Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte. En un auto, el juez Castro sostenía que el precio de ambas jornadas (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que realizado sin analizar coste alguno", hechos que están siendo investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el caso Palma Arena. 

 La Fiscalía cree que fue a partir de 2003 cuando el duque de Palma entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente. Según la acusación pública, la "única finalidad perseguida" por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales". De esta forma, pretendían aparentar que la fundación no perseguía "fines lucrativos" y "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos". 

 En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos eran, según especifica el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management. La resolución indica que tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que revela que el "control" de las mismas "estaba en manos de los dirigentes del Instituto Nóos".