El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha hecho uso del turno de última palabra durante la vista por las escuchas a los imputados de la trama Gürtel con sus abogados en prisión para defender su actuación y afirmar que en todo momento se defendió el derecho de defensa de los investigados. "Asumo todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad", ha afirmado. 

El juez, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, ha tenido que despojarse  de su toga por segunda vez en este juicio -la primera fue al declarar como acusado- y, siguiendo con la afonía que sufre desde el inicio de esta semana, ha recordado que hacía uso de la palabra porque será la última vez que pueda hacerlo "ante un tribunal de justicia español en este caso". 

Advertido hasta en tres ocasiones de la necesidad de ser breve en su intervención por el presidente del tribunal, Joaquín Giménez, Garzón se ha adherido a las palabras vertidas momentos antes por su defensor, Francisco Baena Bocanegra, y lo dicho esta mañana por los fiscales para defender su actuación, por la que se enfrenta penas de inhabilitación de hasta 17 años. El juicio ha quedado visto para sentencia. 

"Soy juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y llevo en ese juzgado 23 años de los 31 que formo parte de la carrera judicial", ha manifestado Garzón, para introducir el argumento de que "en la competencia" que le da ese cargo tomó las medidas -el dictado de los autos de intervención de las comunicaciones- que creyó necesarias y que asume porque fueron tomadas " reflexivamente en y en cumplimiento de la más estricta legalidad, interpretando las normas nacionales  y también de los convenios internacionales  el los que España es parte ".

Se protegió al derecho de defensa 

Seguidamente, el juez ha realizado algunas puntualizaciones sobre lo manifestado unas horas antes por los abogados de la acusación particular para recordar que el juez es quien tiene encomendada la protección del derecho de defensa y que en este caso "en ningun momento se violentó ni se lesionó", sino que por el contrario se "defendió" dicho derecho "con apego a la ley e intentando conciliar los derechos fundamentales en juego".

La prueba más palpable de ello, según Garzón, es la cláusula que introdujo en los autos señalando expresamente que el derecho de defensa debía ser preservado, así como el auto que dictó unos días más tarde, el 27 de marzo de 2009, para expurgar de las transcripciones aquellos fragmentos que pudieran afectarlo.

Además, Garzón  ha recordado que se trataba de evitar la comisión de un delito de blanqueo de capitales, que es de carácter grave, y que las leyes exigían adoptar la medida que él llevo a cabo" en virtud de las circunstancias concretas de ese acto y en ese momento. De hecho, ha recordado que los agentes de la UDEF tuvieron que desplazarse al extranjero "porque era allí donde se cometían los hechos delictivos y donde desaparecían los fondos"

Finalmente, y sobre el método realizado para hacer los expurgos, ha puntualizado que el juez "no puede prescindir del Ministerio Fiscal y de su concurso en el desarrollo de una instrucción  mucho menos cuando las diligencias están secretas", y que en este caso la fiscalía Anticorrupción "contribuyó" a esta tarea. 

El juez central de Instrucción número ha aludido a una frase del político socialdemócrata aleman Willy Brandt, que señaló que "abrir una puerta a la injusticia significa que se hace para que entren todas las demás" y ha manifestado que le ha parecido "muy fuerte" que las acusaciones señalaran que había utilizado "la razón de Estado como excusa de los tiranos". "La única razón de estado que entiendo es la razón democrática de los ciudadanos", ha dicho Garzón.

Con las palabras del juez queda visto para sentencia este juicio, que comenzó el pasado martes ante la Sala de lo Penal del Supremo y se ha desarrollado desde entonces en sesiones de mañana y tarde con la comparecencia de seis testigos y la escucha por parte de la Sala y las diferentes partes de un fragmento de las escuchas, realizadas en la prisión de Soto del Real (Madrid) a los cabecillas de Gürtel Francico Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

El magistrado, conocido universalmente por su lucha contra ETA, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad, tendrá que volver al banquillo a partir del próximo 24 de enero por un presunto delito de prevaricación por investigar el franquismo careciendo de competencias. Además, está pendiente de saber si el Supremo le abre juicio oral por los pagos que recibió supuestamente del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.