Una relatora de la ONU consideró "lamentable" que el juez Baltasar Garzón pueda ser condenado por querer abrir una investigación sobre violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul, y otros cinco expertos independientes dijeron que "es lamentable que el juez Garzón pueda ser castigado por la apertura de una investigación que está en línea con la obligación de España de investigar violaciones de los derechos humanos de acuerdo con los principios del derecho internacional".

Los cinco expertos forman parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias, que expresaron su preocupación por el impacto que puede tener en la independencia judicial el juicio contra Garzón, acusado de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. Los expertos expresaron inquietud también por el efecto de este juicio, sobre la investigación y recuperación de los restos de las más de 100.000 personas desaparecidas en España entre 1936 y 1951.

"Mantener el imperio de la ley requiere un compromiso incondicional con la Justicia y los derechos humanos", manifestó Knaul, quien argumentó que "los supuestos errores en las decisiones judiciales no deberían ser una razón para la expulsión de un juez y, mucho menos, para la puesta en marcha de un proceso penal". La relatora especial, jueza brasileña con una larga experiencia en la administración de los sistemas judiciales, indicó que "la autonomía en la interpretación de la ley es un elemento fundamental en el rol de un juez y en el progreso de los derechos humanos". En este sentido, Knaul consideró que "ningún juez debería tener miedo a ser independiente en sus funciones" y recordó que, aunque tienen que responder de lo que hacen en el ejercicio de sus funciones, todas las medidas sancionadoras deben cumplir con los principios básicos de la independencia del poder judicial.

El Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias recordó que "las desapariciones forzadas son un crimen que no prescribe y una violación continua de los derechos humanos mientras el destino o el paradero de la víctima siga sin esclarecerse". Estos expertos, que ya expresaron su preocupación por la situación de Garzón en mayo de 2010, subrayaron que una investigación debería poderse llevar a cabo todo el tiempo que fuera necesario hasta aclarar qué ha ocurrido con la persona desaparecida. "La reconciliación entre el Estado y las víctimas de desapariciones forzadas no puede ocurrir sin el esclarecimiento de cada caso individual, y una ley de amnistía no debería permitir poner fin a la obligación de un Estado a investigar, perseguir y castigar a los responsables de las desapariciones", afirmaron. "El derecho a la verdad debería ser disfrutado por las familias de las víctimas de desapariciones forzadas en España", agregaron.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias fue creado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1980 para prestar ayuda a las familias de desaparecidos. Lo preside el surafricano Jeremy Sarkin, que cuenta con la colaboración de otros cuatro expertos independientes: el francés Olivier de Frouville, el argentino Ariel Dulitzky, el libanés Osman El-Hajjé y la bosnia Jasminka Dzumhur.