El juez Pablo Ruz ha pedido al PP que aporte en cinco días copia de las escrituras por las que desde 2007 se le otorgaron a Luis Bárcenas los poderes como gerente y tesorero, así como las de la revocación de estos mismos poderes, en el marco de la investigación sobre un posible fraude tributario del partido. Ruz ha hecho este requerimiento al PP a través de una providencia con el objeto de contrastar lo declarado el pasado jueves por el ex tesorero sobre la revocación de sus poderes "respecto de la eventual responsabilidad tributaria que pudiera alcanzar al Partido Popular por los hechos objeto de instrucción". 

En su comparecencia del pasado día 10, el ex tesorero contradijo la versión ofrecida el pasado 14 de agosto por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que en verano de 2009 Bárcenas dejó su puesto como tesorero del PP y que ella le revocó entonces todos los poderes. En su última declaración, Bárcenas sostuvo que no fue hasta marzo de 2010 cuando dejó de poder firmar en representación del partido y aseguró que podía demostrarlo porque después de la fecha que dijo Cospedal renovó la inversión que tenía el partido en letras del Tesoro en Banco Popular. 

Según fuentes jurídicas, ese posible delito tributario del PP estaría también relacionado con el pago de 200.000 euros que se hizo supuestamente en B desde la sede central del partido a la de La Rioja para la compra y reforma de su nueva sede. 

En esta misma resolución, Ruz pide también a la Agencia Tributaria que en el plazo de cinco días le remita las actuaciones que tenga sobre Unifica, la empresa que hizo las reformas de la sede de Génova, en relación al impuesto sobre sociedades e IVA en los periodos de 2008 y 2009. Bárcenas explicó en su declaración del pasado jueves que buena parte de la reforma se pagó en negro -en su día habló de 888.000 euros-, lo que le supuso al arquitecto imputado Gonzalo Urquijo, director de Unifica, no pagar impuestos y a cambio se le pidió que le hiciera al PP un descuento del 8 por ciento. 

El juez anuncia que una vez recibida esa documentación, que reclama a la Dependencia Regional de Inspección de la delegación madrileña de Hacienda, se le remita a los funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para que emitan los informes oportunos y les permite además recabar información de la Base Nacional de Datos de la Agencia Tributaria. Además ordena poner la última declaración prestada por Bárcenas, una vez transcrita, a disposición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, así como a las Unidades de Auxilio Judicial de la AEAT y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para su evaluación. 

También acuerda incorporar la que prestó su mujer Rosalía Iglesias en el marco de la pieza principal del caso Gürtel a la de los papeles de Bárcenas "por cuanto la misma habría versado parcialmente sobre extremos que resultan objeto de la presente pieza separada". Pone además a disposición de la IGAE el informe de la UDEF sobre el análisis de la contratación pública por parte de empresas vinculadas a los presuntos donantes que aparecen en los papeles de Bárcenas para que concluya el informe pendiente desde julio de 2013 sobre la comisión de un presunto cohecho. 

Ruz pide a los bancos más información sobre las cuentas de la familia Bárcenas 

Por otra parte, el juez Ruz también ha pedido a varias entidades bancarias más información sobre los movimientos e ingresos en cuentas en España de titularidad de Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias y el hijo de ambos Guillermo Bárcenas. En el auto el juez acuerda estas diligencias y justifica su petición en el marco de la investigación que sigue sobre la "posible repatriación" de fondos de procedencia ilícita que Bárcenas tenía en Suiza y si el dinero "ingresado en cuentas suizas y españolas" a nombre del ex tesorero y su mujer "podría proceder de fondos del Partido Popular". 

Ruz pide de nuevo a Bankia que le comunique, de forma urgente y en no más de cinco días, las anotaciones informáticas en relación a cuatro ingresos por un total de 294.000 euros hechos en la cuenta de Iglesias de este banco, ya que no aparecen firmados y se desconoce quién los realizó. Siguiendo el criterio de la Fiscalía, que solicitó a Ruz que acordara todas estas diligencias, el magistrado reclama también a varias entidades bancarias información de cuentas en las que Bárcenas, su mujer y su hijo aparecen como titulares. 

Entre otras cosas, el juez investiga una anotación que aparece en los llamados papeles de Bárcenas en octubre de 2004, por la cual se entregan 149.600 euros a Rosalía Iglesias para comprar acciones de la empresa de comunicación Libertad Digital. Los investigadores sospechan que ese dinero acabó en realidad en manos del matrimonio Bárcenas, ya que las acciones se vendieron y poco tiempo después una cuenta de Iglesias en Bankia registró dos ingresos 74.000 y 75.600 euros (149.600 en total). 

Poco después de estos dos ingresos, que son parte de los cuatro de los que ahora Ruz pide información sobre su ordenante, Iglesias libró un cheque de 149.600 euros que se ingresó en la cuenta de una inmobiliaria, por lo que se sospecha que el dinero de la caja B del PP sirvió finalmente al matrimonio para pagar un piso que había adquirido. Para averiguar más sobre esta operación, el juez pide en el auto a Beka Finance (anteriormente denominada Bankia Bolsa sociedad de valores) que le detalle las operaciones con títulos de Libertad Digital que realizó en 2004 y 2005 la esposa de Bárcenas y el padre del apoderado de este último, Francisco Yáñez, que falleció en enero al poco de ser imputado por Ruz. 

Ruz imputa al matrimonio los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y estafa procesal. El pasado julio, ordenó el bloqueo de las cuentas a nombre de Bárcenas y su mujer, y la cuenta de esta última en Bankia ha sido recientemente analizada por la Intervención General de la Administración del Estado en un informe. En él, la Intervención ve una posible conexión entre siete ingresos injustificados entre 2004 y 2007, por un total de 874.600 euros, con ocho pagos de los papeles del ex tesorero con la supuesta contabilidad B del PP que arrojan una cantidad muy similar.