El proyecto de ley de Seguridad Ciudadana ha arrancado su tramitación parlamentaria con el único respaldo del PP y el rechazo de toda la oposición, que la ha tachado de "represiva" e "innecesaria" ante la férrea defensa del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de un texto "garantista". Muy suavizada y retocada tras las aportaciones de los órganos consultivos y de otras entidades, la iniciativa sigue sin convencer a los grupos parlamentarios, que han presentado hasta nueve enmiendas a la totalidad para pedir al Gobierno la retirada del texto.

Un proyecto que ha contado con la férrea defensa de Fernández Díaz, que ha reprochado a la oposición no habérselo leído y haber presentado una "caricatura" del texto con "poco rigor" y "con algunas acusaciones sin fundamento". Porque, a juicio del titular de Interior, la futura ley, que sustituirá a la de 1992, "respeta el necesario equilibrio entre seguridad y libertad", es "profundamente garantista" y tiene "perfecto encaje en el ordenamiento jurídico".

Frente a estas definiciones, la oposición no ha escatimado críticas al texto. Desde las palabras de la diputada socialista Isabel Rodríguez de que se trata de una "ley de la represión ciudadana" que recuerda a la franquista de 1959 hasta los calificativos de "vergüenza", "lesiva" o una "vuelta más de tuerca" del Gobierno a la intención de "perseguir" la protesta ciudadana. Se ha defendido el ministro de estas acusaciones y ha retado a los portavoces a que citaran "uno solo" de los derechos que, según ellos, recorta este proyecto.

Durante más de media hora, ha desgranado las principales novedades, como la prohibición por primera vez por ley de las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, la regulación de los cacheos o que el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas no supere el plazo máximo de seis horas. Y en este último punto, ha explicado el ministro, todos los ciudadanos recibirán un "volante acreditativo" con la duración y motivo de esa estancia en dependencias policiales, al tiempo que se eliminará del "libro registro" esa diligencia a los tres años.

Respecto a las sanciones, las infracciones muy graves (4) estarán multadas con entre 30.000 y 600.000 euros; las graves (26), con entre 1.000 y 30.000 euros, y las leves, con multas 100 a 1.000 euros, las mismas cantidades hasta ahora vigentes.

Precisamente, otra de las novedades respecto al primer borrador es la división de las sanciones muy graves y graves en grados máximo, medio y mínimo y que, como norma general, se impondrá la multa en el grado más leve, en el medio cuando concurra al menos una circunstancia agravante como reincidencia y en grado máximo únicamente cuando los hechos revistan especial gravedad. Además, dentro de cada grado se individualizará la sanción con criterios recogidos en la ley, entre los cuales figurará la capacidad económica del infractor. "No se trata de sancionar más sino con mayores garantías y menos discrecionalidad", ha enfatizado Fernández Díaz antes de subrayar que el texto también fija criterios de actuación más claros para las fuerzas de seguridad como la proporcionalidad o que la intervención policial en manifestaciones sea "el último recurso".

Ninguno de los argumentos del titular de Interior ha satisfecho a la oposición, que en su segundo turno ha insistido en los suyos, como la diputada socialista, que ha llegado a aseverar que el ministro "no cree en la democracia". Uno a uno los portavoces de la oposición han ido exponiendo sus motivos para pedir la devolución, en un debate en el que no han faltado las alusiones musicales y que daba comienzo con una protesta a las puertas de la Cámara de varias organizaciones sociales, entre ellas Greenpeace, que ha sido disuelta por la Policía.

Ha sido el portavoz de Amaiur, Mikel Errekondo, quien ha entonado las primeras notas de la canción de Eskorbuto de "mucha policía, poca diversión", que horas después ha querido contrarrestar el diputado del PP Conrado Escobar recitando una parte de la canción de Jarcha "libertad, libertad, sin ira libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad".

Como hicieron los manifestantes en la calle, Errekondo se ha amordazado en la tribuna de oradores con una cinta azul, lo que le ha reprochado la presidencia de la Mesa y poco después el ministro. "No me extraña que se ponga la mordaza, porque ha estado jaleando y apoyando a unos terroristas que de amordazar para después torturar y asesinar saben mucho, a los que no han condenado y pedido que se disuelvan", le ha espetado. Pese a la dureza del debate, en el que solo el representante de CiU Feliu Guillaume ha reconocido que el proyecto tenía algún aspecto positivo, el ministro se ha mostrado abierto a las aportaciones que puedan realizar los grupos durante la tramitación parlamentaria.